El contratista con vínculos gubernamentales que construyó la mansión de Epstein en Nuevo México

Una empresa constructora con estrechos vínculos con el gobierno de Estados Unidos fue la encargada de levantar una mansión aislada en el desierto de Nuevo México para Jeffrey Epstein. Según documentos judiciales, Epstein adquirió en 1993 la finca Zorro Ranch, propiedad del exgobernador demócrata Bruce King, y contrató a Bradbury Stamm Construction para construir un complejo de lujo en sus 10.000 acres.

Esta compañía, especializada en infraestructuras clasificadas para el Laboratorio Nacional de Los Álamos y la Base de la Fuerza Aérea de Kirtland, diseñó para Epstein un conjunto de instalaciones que incluía un patio central, una pista de aterrizaje privada con hangar y helipuerto, oficinas, un parque de bomberos y un garaje de siete plazas con calefacción. A pesar de no ser conocida por construir viviendas privadas, Bradbury Stamm asumió el proyecto sin explicación clara.

Los registros telefónicos de Epstein, publicados por el Departamento de Justicia, incluyen el número de la constructora entre sus contactos relacionados con Zorro Ranch. La periodista Alisa Valdes-Rodriguez sugiere que el encargo podría estar vinculado a Ghislaine Maxwell, cuya familia mantenía conexiones con la inteligencia israelí. Según archivos del FBI y testimonios, el padre de Maxwell, Robert Maxwell, habría introducido software espía en los sistemas de los laboratorios nucleares donde Bradbury Stamm opera.

Zorro Ranch, ubicado a 50 kilómetros al sur de Santa Fe, fue durante años escenario de rumores sobre actividades ilícitas. Algunas víctimas de Epstein, como Virginia Giuffre, afirmaron haber sido traficadas en esta propiedad. Documentos judiciales revelan correos internos de empleados que denuncian la posible existencia de fosas con los cuerpos de al menos dos niñas, supuestamente enterradas bajo órdenes de Epstein. Incluso se especuló con convertir la finca en un centro de experimentos de ingeniería genética.

Tras la muerte de Epstein en 2019, la propiedad cambió de manos. En 2023, fue comprada por Donald Huffines, exsenador estatal de Texas y candidato al puesto de interventor como figura cercana a Donald Trump. La familia Huffines rebautizó el lugar como Rancho San Rafael.

El caso ha reavivado el interés de las autoridades. En 2019, la administración Trump intervino en una investigación estatal sobre la propiedad. En febrero de 2024, legisladores de Nuevo México aprobaron por unanimidad la creación de una comisión bipartidista de la verdad para examinar el pasado de Zorro Ranch. Además, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, ordenó reabrir la investigación penal, exigiendo acceso completo a los archivos federales sin censuras.