Un grupo de residentes de Miami ha interpuesto una demanda contra el expresidente Donald Trump, acusándolo de haber obtenido ilegalmente un terreno de tres acres en el centro de la ciudad para construir su biblioteca presidencial. Según los demandantes, la transacción violó la cláusula de emolumentos de la Constitución estadounidense, que prohíbe recibir beneficios económicos de gobiernos estatales o extranjeros.

El terreno, ubicado en una zona privilegiada de Downtown Miami con vistas al mar, fue vendido a la fundación de Trump por solo 10 dólares, cuando su valor real supera los 300 millones, según expertos inmobiliarios citados en la demanda. Los demandantes exigen la anulación de la venta y denuncian que el proyecto, lejos de ser una biblioteca, se convertirá en un hotel de lujo para beneficio personal de Trump.

El documento judicial destaca que el expresidente ya había declarado públicamente que no tenía intención de usar el terreno para una biblioteca, sino para un establecimiento hotelero. «El terreno ya no estará disponible para la comunidad estudiantil ni para el desarrollo de Downtown Miami. En su lugar, albergará un hotel Trump que enriquecerá al presidente», señala la demanda.

La polémica se intensifica tras recientes revelaciones sobre el financiamiento del proyecto. Según The New Republic, cuatro grandes empresas vinculadas a Trump —Meta, X (antes Twitter), ABC y Paramount— prometieron decenas de millones de dólares para la construcción de la biblioteca. Sin embargo, el dinero parece haber desaparecido, añadiendo más dudas sobre la transparencia del proyecto.

Además, las primeras imágenes del diseño, generadas por inteligencia artificial, muestran una estructura ostentosa y recargada: un rascacielos con dos enormes estatuas doradas de Trump, terrazas ajardinadas, aviones de combate en exhibición, un salón de baile y una réplica del Despacho Oval, todo decorado con oro. «Las propuestas son grotescas y reflejan un exceso de vanidad», critican los demandantes.

Los vecinos también advierten sobre el impacto negativo del proyecto, incluyendo mayor congestión de tráfico y contaminación acústica en una zona ya saturada. La demanda busca no solo frenar la venta del terreno, sino también garantizar que se respeten las normas constitucionales y ambientales en la ciudad.