La Comisión Europea ha abierto una investigación preliminar contra Meta, matriz de Facebook e Instagram, por no garantizar la protección adecuada de los menores en sus plataformas. Según fuentes oficiales, la empresa no estaría aplicando las medidas necesarias para evitar que los usuarios menores de edad accedan a sus servicios, incumpliendo así el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la UE.
La investigación, aún en fase inicial, se centra en dos aspectos clave: la verificación de la edad de los usuarios y la implementación de sistemas para limitar el acceso de menores a contenidos inapropiados. Las autoridades europeas consideran que Meta no ha adoptado las salvaguardas suficientes, a pesar de los riesgos conocidos asociados al uso de redes sociales por parte de los adolescentes.
En un comunicado, la Comisión Europea ha señalado que "las plataformas digitales deben asumir su responsabilidad en la protección de los menores". Además, ha recordado que el DSA exige a las empresas tecnológicas implementar mecanismos robustos para prevenir la exposición de los jóvenes a contenidos dañinos, como el ciberacoso, la explotación sexual o la desinformación.
Posibles sanciones y consecuencias
Si se confirma el incumplimiento, Meta podría enfrentarse a multas de hasta el 6% de sus ingresos globales anuales, lo que en 2023 superaría los 11.000 millones de euros. Además, la empresa podría recibir órdenes para modificar sus políticas y adoptar medidas correctivas inmediatas.
La investigación se enmarca en un contexto de creciente presión sobre las grandes tecnológicas para que asuman un papel más activo en la protección de los usuarios más vulnerables. Recientemente, la UE ha intensificado sus acciones contra plataformas como TikTok y X (antes Twitter) por similares motivos.
Reacción de Meta
Desde Meta han asegurado que ya disponen de herramientas para proteger a los menores, como la verificación de edad mediante inteligencia artificial y la limitación de funciones para cuentas de usuarios menores de 16 años. Sin embargo, la Comisión Europea considera que estas medidas son insuficientes y no cumplen con los estándares exigidos por el DSA.
La investigación podría extenderse durante varios meses, y en caso de que se determinen infracciones, Meta tendría derecho a presentar alegaciones antes de que se adopte una decisión final. Mientras tanto, la empresa deberá colaborar estrechamente con las autoridades europeas para evitar posibles sanciones.