Trump podría resolver su demanda contra el IRS con fondos públicos: ¿un conflicto de intereses sin precedentes?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está considerando la posibilidad de llegar a un acuerdo en la demanda presentada por Donald Trump contra la Agencia Tributaria (IRS), según reveló el New York Times este martes. La resolución, que podría implicar el desembolso de unos 10.000 millones de dólares procedentes de fondos públicos, beneficiaría directamente al expresidente y a su familia.

La demanda, interpuesta en enero por Trump, sus hijos y su empresa, acusa al IRS de no haber evitado la filtración no autorizada de sus declaraciones fiscales. Un contratista gubernamental habría compartido estos documentos con medios de comunicación, violando la confidencialidad tributaria. Sin embargo, la demanda plantea un grave conflicto de intereses: Trump, que ya no es presidente, sigue siendo el principal accionista de sus empresas y, en teoría, supervisa la agencia que está demandando.

El New York Times destacó esta contradicción:

«Para que una demanda sea válida, las dos partes deben estar en lados opuestos. De lo contrario, un juez podría desestimarla».

La situación se agrava al considerar que el DOJ, encargado de negociar el posible acuerdo, está dirigido por un abogado que anteriormente defendió a Trump en casos penales. Si se aprueba la resolución, no solo se transferirían miles de millones de dólares a las cuentas del expresidente, sino que también se paralizarían todas las auditorías pendientes contra Trump, su familia y sus negocios.

Esta no es la primera vez que Trump intenta beneficiarse de fondos públicos. En octubre de 2025, se supo que buscaba reclamar 230 millones de dólares al DOJ por la incautación de documentos clasificados en Mar-a-Lago y por una investigación previa sobre los vínculos de su campaña con Rusia. En ese momento, Trump declaró:

«Es muy extraño que se tome una decisión en la que yo me esté pagando a mí mismo».

La posible resolución ha generado críticas inmediatas. La senadora demócrata Elizabeth Warren presentó un proyecto de ley para prohibir que el presidente, el vicepresidente y sus familias reciban dinero de acuerdos gubernamentales.

«Mientras las familias estadounidenses sufren el aumento del coste de vida, Donald Trump intenta arrebatar miles de millones de dólares de los contribuyentes para llenar sus propios bolsillos y saldar cuentas personales».

El caso reaviva el debate sobre el uso de recursos públicos con fines personales y los límites éticos en la gestión de conflictos de interés por parte de figuras políticas.