Un informe del Instituto para la Justicia ha revelado al menos 14 casos en los que agentes de policía en Estados Unidos emplearon sistemas de lectura automática de matrículas (ALPR) para vigilar a exparejas, parejas actuales o incluso desconocidos con fines románticos o de acoso. Estos dispositivos, diseñados para combatir el crimen, se han convertido en herramientas de vigilancia no autorizada por parte de algunos agentes.
La mayoría de estos abusos no fueron detectados por mecanismos internos de control, como auditorías o denuncias internas, sino que surgieron cuando las víctimas notaron patrones inusuales y presentaron una queja formal. Este hallazgo plantea una preocupación más amplia: ¿cuántos casos de uso indebido de estos sistemas pasan desapercibidos?
En casi todos los casos documentados, los agentes involucrados fueron destituidos, renunciaron o fueron despedidos tras las investigaciones. Sin embargo, la pérdida del empleo no garantiza la pérdida de su certificación policial. En muchos estados, la revocación de la licencia profesional es un proceso independiente que puede prolongarse o no resultar en una prohibición definitiva de ejercer.
Esto significa que, aunque los agentes ya no formen parte de las fuerzas del orden donde cometieron los abusos, no hay registros públicos que confirmen si perdieron su certificación. Sin ese paso, podrían ser contratados por otras agencias policiales sin que se conozca su historial de mal uso de herramientas de vigilancia.
Este caso pone en evidencia una contradicción en el argumento de quienes defienden estos sistemas de vigilancia masiva: «si no tienes nada que ocultar, no hay motivo para preocuparse». La realidad demuestra que el poder sin supervisión adecuada puede derivar en abusos. Como señala el refrán,
«El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente». Este episodio confirma que, incluso en instituciones diseñadas para proteger, la corrupción puede surgir cuando no existen controles efectivos.
Ante este escenario, comunidades de todo el país están reevaluando el uso de sistemas como los de Flock Safety, cuyos dispositivos han sido protagonistas en varios de estos casos. La pregunta sigue en el aire: ¿cómo garantizar que las herramientas diseñadas para la seguridad no se conviertan en instrumentos de opresión?
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