Empresas privadas usan tecnología de vigilancia vehicular como la policía, pero sin regulación pública

Las cámaras de lectura automática de matrículas (ALPR) instaladas cerca de establecimientos como Walmart no suelen llamar la atención. Las autoridades las presentan como dispositivos para localizar personas desaparecidas, coches robados o sospechosos de delitos. Sin embargo, el verdadero debate no radica en una sola cámara, sino en la expansión silenciosa de estos sistemas más allá de los cuerpos policiales.

Tecnología policial en manos de empresas privadas

En los últimos años, grandes cadenas de distribución como Lowe’s y Home Depot han implementado sistemas ALPR en sus aparcamientos, utilizando la misma tecnología que emplean las fuerzas de seguridad. Según el medio CT Insider, al menos dos establecimientos de cada una de estas marcas en Connecticut ya cuentan con estos dispositivos. En algunos casos, los departamentos de policía tienen acceso directo a los datos recopilados, pero sin las mismas normas de transparencia que rigen para las instituciones públicas.

Falta de regulación y opacidad en el manejo de datos

Mientras que las agencias policiales suelen estar sujetas a políticas públicas que definen cómo se almacena, comparte y accede a la información de matrículas —aunque estas normas varíen según la jurisdicción—, las empresas privadas no están obligadas a cumplir con los mismos requisitos de transparencia. Esto significa que los consumidores desconocen con frecuencia:

• Cuánto tiempo se conservan sus datos de matrícula.
• Quién puede acceder a esa información.
• Si los datos se comparten con terceros, incluidas agencias gubernamentales.

«No tenemos claro cómo las empresas privadas que utilizan esta tecnología manejan los datos, cuánto tiempo los retienen ni con quién los comparten», declaró Ken Barone, responsable del Proyecto de Prohibición de Perfilación Racial de la Universidad de Connecticut, al CT Insider. «Es un sistema completamente opaco».

Riesgos de un sistema sin supervisión

La falta de transparencia se vuelve aún más preocupante cuando se considera que los sistemas ALPR ya han sido objeto de polémica dentro de las propias fuerzas de seguridad. Investigaciones recientes han revelado casos de búsquedas cuestionables, accesos indebidos a bases de datos y uso excesivo de redes nacionales de lectura de matrículas, más allá de su propósito original.

Aunque las empresas alegan que estas herramientas sirven para combatir el robo organizado, recuperar vehículos sustraídos y mejorar la seguridad de los clientes, la tecnología se está expandiendo sin un marco regulador adecuado. Cámaras que antes se limitaban a autopistas y peajes ahora se instalan en centros comerciales, complejos residenciales y supermercados. Y lo más probable es que tu vehículo ya haya sido escaneado múltiples veces sin que lo sepas.

Herramientas limitadas para la ciudadanía

Actualmente, plataformas como Deflock.me y HaveIBeenFlocked.com ofrecen a los ciudadanos cierta visibilidad sobre la red ALPR. Sin embargo, si la expansión de estos sistemas continúa sin un control más estricto, estas herramientas podrían quedar obsoletas en poco tiempo.

«La vigilancia masiva por matrículas ya no es exclusiva de las fuerzas del orden. Ahora es un negocio privado que opera en la sombra, sin que la sociedad pueda exigir responsabilidades». — Experto en privacidad digital.