Canadá planea prohibir los cajeros de criptomonedas por su vinculación con el fraude financiero

El fin de una era: Canadá quiere prohibir los cajeros de Bitcoin

Canadá, el país que albergó el primer cajero automático de criptomonedas del mundo en 2013, ahora lidera un movimiento para eliminarlos por completo. En abril de ese año, una cafetería de Vancouver instaló una máquina que permitía a los ciudadanos convertir efectivo en Bitcoin sin necesidad de una cuenta bancaria ni intermediarios. Trece años después, el país cuenta con casi 4.000 de estos dispositivos, la mayor densidad per cápita a nivel global.

Sin embargo, el gobierno canadiense ha incluido en su Presupuesto Económico de Primavera 2026 una propuesta para prohibir su uso. La medida no es casual: en 2025, los canadienses denunciaron pérdidas superiores a 704 millones de dólares por fraudes, elevando el total reportado desde 2022 a más de 2.400 millones. Las autoridades estiman que solo entre el 5% y el 10% de los casos se denuncian, lo que sugiere que las cifras reales podrían ser mucho mayores.

En el documento oficial, los cajeros de criptomonedas son descritos como «el principal método utilizado por estafadores para defraudar a víctimas y por criminales para blanquear el producto de sus delitos». Esta declaración refleja un cambio radical en la percepción regulatoria hacia un sector que, hasta ahora, operaba bajo normativas diseñadas para casas de cambio y servicios de transferencias como Western Union.

¿Por qué los cajeros de criptomonedas son el blanco perfecto para los reguladores?

Para entender por qué Ottawa actúa contra estos dispositivos antes que contra otros segmentos del ecosistema cripto, hay que analizar cómo los reguladores comunican los riesgos al público y qué hace que un problema sea «legible» desde el punto de vista político.

Los cajeros de criptomonedas son visibles y accesibles. Se encuentran en tiendas de conveniencia, gasolineras y centros comerciales de todo el país. Su uso no requiere una cuenta bancaria: en la mayoría de las transacciones inferiores a 1.000 dólares, basta con un número de teléfono. Además, al no existir interacción humana, no hay un empleado que pueda detectar señales de fraude en tiempo real.

Esta combinación de facilidad de acceso y falta de supervisión los convierte en un objetivo político claro. Un regulador puede señalar una de estas máquinas y explicar el problema en una sola frase, algo que ningún otro rincón del ecosistema cripto permite. No es necesario entender conceptos complejos como DeFi, puentes entre blockchains o stablecoins para ver cómo alguien está siendo estafado.

«Los cajeros de Bitcoin siguen siendo el método principal que usan los defraudadores para recaudar y blanquear fondos de sus víctimas».

Fracaso en la autorregulación y falta de respuestas

Aunque el análisis de FINTRAC —la agencia de inteligencia financiera de Canadá— identificó en 2023 que los cajeros de criptomonedas seguirían siendo el «método principal» para el blanqueo de capitales, esta conclusión permaneció en segundo plano durante años. Mientras tanto, los operadores del sector continuaron expandiéndose sin que se implementaran regulaciones específicas para el sector.

Cuando CBC News solicitó entrevistas al ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, y a FINTRAC en otoño de 2024 para preguntar sobre las medidas adoptadas, ninguna de las dos instituciones accedió a responder. El Presupuesto Económico de Primavera 2026 se convirtió, en la práctica, en la respuesta oficial que ambas entidades se negaron a dar públicamente.

Un sector con un historial de cumplimiento cuestionable

La defensa del sector se complica aún más por su propio historial. Según declaraciones de una docena de ex empleados de empresas de cajeros de criptomonedas en Canadá a CBC News, los estafadores utilizan estas máquinas para engañar a víctimas y hacerles enviar dinero bajo falsas promesas. La falta de controles robustos y la facilidad para mover fondos sin rastreo han convertido a estos dispositivos en herramientas ideales para actividades ilícitas.

La propuesta de prohibición refleja un cambio de paradigma: lo que alguna vez fue visto como una innovación financiera accesible ahora es percibido como un riesgo sistémico. Para los reguladores, la solución es clara: eliminar el problema de raíz.