Un patrón extendido en las cámaras estatales

La renuncia de los congresistas Eric Swalwell y Tony Gonzales la semana pasada por sendas investigaciones de acoso sexual no es un caso aislado. Según datos del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, desde 2017 se han abierto al menos 20 expedientes similares contra miembros del Congreso, aunque la mayoría no ha concluido con dimisiones.

El problema, sin embargo, trasciende el ámbito federal. Un reciente informe de la Liga Nacional de Defensa de la Mujer (NWDL), organización dedicada a prevenir el acoso laboral, ha documentado 424 incidentes de acoso sexual contra 162 cargos electos en 42 estados entre 2013 y 2026. De ellos, solo 17 siguen en activo.

Casos recientes y cifras alarmantes

Entre los legisladores acusados en 2025 figuran Ryan Armagost (R-Colo.), Ron Weinberg (R-Colo.), Jeremy Dean (D-Mo.), Dan McKeon (R-Neb.), Jeremy Olson (R-N.D.) y el fiscal general Judd Stone (R-Texas). La NWDL advierte, no obstante, que estas cifras representan solo «la punta del iceberg».

«El registro público solo muestra una mínima parte de la realidad. Muchos casos no se denuncian por miedo a represalias», declaró Sarah Higginbotham, codirectora de la NWDL. «Estas cifras infravaloran el daño real».

Un problema bipartidista con víctimas mayoritariamente mujeres

El acoso sexual en las cámaras estatales afecta por igual a republicanos y demócratas. Según el informe, el 93% de los acusados en la última década son hombres, mientras que el 99% de las víctimas son mujeres. La falta de transparencia y de sistemas de rendición de cuentas agrava la situación.

Aftyn Behn, legisladora demócrata de Tennessee, compartió en una rueda de prensa virtual un ejemplo reciente: «Ayer, una compañera republicana subió al atril de la Cámara de Representantes de Tennessee para presentar un proyecto de ley. Un compañero la silbó. Todos lo escuchamos, pero nadie dijo nada. Seguimos como si nada hubiera pasado».

La sombra del #MeToo: menos denuncias, más impunidad

Emma Davidson Tribbs, otra codirectora de la NWDL, advirtió que, tras el movimiento #MeToo, se ha registrado un descenso en las denuncias públicas. «Esta reducción es una señal de alarma: refleja desconfianza en los sistemas de responsabilidad», explicó. «Las renuncias de Swalwell y Gonzales podrían ayudar a reabrir el debate».

Abby Major, representante republicana de Pensilvania, se mostró esperanzada: «Este momento puede darnos impulso». Durante el último año, cinco estados han aprobado leyes para abordar el acoso en las legislaturas estatales, aunque la mayoría aún carece de protecciones sólidas. «Debemos garantizar que nadie tenga que elegir entre su seguridad y su sustento», subrayó.

¿Qué medidas se están tomando?

  • Sistemas confidenciales de denuncia de acoso sexual.
  • Transparencia en las investigaciones internas.
  • Reformas legales en cinco estados durante 2024.

Los expertos insisten en que, sin cambios estructurales, el problema persistirá. «La cultura del silencio sigue siendo la norma», concluyó Higginbotham.