El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el pasado viernes la reactivación de los pelotones de fusilamiento como método de ejecución federal. Esta decisión forma parte de la implementación de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump en enero de 2025, que exigía al fiscal general perseguir la pena de muerte en «todos los delitos de gravedad que lo requieran». Entre estos se incluyen el asesinato de agentes de la ley y los crímenes capitales cometidos por inmigrantes en situación irregular.
Durante la presidencia de Joe Biden, el fiscal general Merrick Garland había suspendido las ejecuciones federales. Trump mostró su indignación tras la decisión de Biden de indultar a 37 reclusos en el corredor de la muerte antes de abandonar la Casa Blanca. El republicano inició su segundo mandato con un decreto que reforzaba la aplicación de la pena capital.
Aunque la orden de enero no mencionaba explícitamente los pelotones de fusilamiento, el Departamento de Justicia aclaró en su anuncio del viernes que había instruido a la Oficina de Prisiones para «ampliar el protocolo de ejecución e incluir métodos alternativos, como el pelotón de fusilamiento».
Algunos sectores consideran este método más humano que la inyección letal, cuya efectividad no es del 100% y en ocasiones requiere múltiples dosis. Sin embargo, la ejecución mediante pelotón de fusilamiento también puede resultar en una muerte lenta por desangramiento si el recluso no fallece de forma inmediata por los disparos.
En marzo de 2025, el Tribunal Supremo de EE.UU. permitió a Carolina del Sur llevar a cabo la primera ejecución por pelotón de fusilamiento en 15 años. Desde 1608, al menos 144 reclusos han sido ejecutados de esta manera en el país, principalmente en Utah, según datos de Associated Press. Fuera de este estado, el método ha tenido poca aceptación por considerarse «bárbaro». Actualmente, solo cinco estados —Idaho, Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah— permiten su uso en circunstancias específicas.