El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), liderado por el fiscal general interino Todd Blanche, presentó el pasado lunes un escrito en el Tribunal de Distrito de Columbia para que el juez Richard Leon reconsidere su decisión de paralizar la construcción de un enorme salón de baile en el lugar donde antes se ubicaba el ala este de la Casa Blanca, demolida por orden de Donald Trump.
Blanche argumenta que el proyecto es «vital para la seguridad nacional» y que la reciente detención de un presunto asesino cerca del hotel Washington Hilton —durante un evento de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca— demuestra la urgente necesidad de contar con un espacio seguro para eventos presidenciales. Sin embargo, el intento de asesinato no estuvo dirigido directamente contra el presidente ni contra la Casa Blanca, lo que debilita su argumento.
El escrito del DOJ, calificado como un «exabrupto» por su tono, critica duramente al Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, organización que solicitó la medida cautelar. El documento afirma que el fideicomiso es una «entidad falsa» y acusa a sus líderes de padecer «síndrome de Trump» (TDS), además de mencionar, sin pruebas, que su abogado es Gregory Craig, quien representó a Barack Obama.
El juez Leon ya había rechazado previamente una solicitud para levantar la prohibición, y ahora el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. estudia el recurso de Trump contra la decisión. Mientras tanto, la construcción sigue paralizada. Blanche insiste en que el salón de baile es «imprescindible» para proteger al presidente, su familia, el gabinete y los visitantes, ya que, según él, «protegerá la ahora expuesta Sala Este de la Casa Blanca y ofrecerá seguridad de primer nivel».
El tono del escrito, que recuerda a los mensajes de Trump en Truth Social, ha generado escepticismo entre los expertos legales. Muchos señalan que los argumentos presentados carecen de fundamento jurídico sólido y parecen más una estrategia política que una defensa legal seria.