Exasesor de Fauci, acusado de ocultar registros federales durante la pandemia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha imputado a David Morens, exasesor científico de Anthony Fauci, por presuntamente eludir las leyes federales de transparencia durante la pandemia de COVID-19.

Según la acusación, Morens habría utilizado su cuenta de correo personal para evitar solicitudes de información pública (FOIA) y facilitar comunicaciones confidenciales con Fauci. En un correo, llegó a afirmar: "Puedo enviar información a Tony a través de su Gmail privado, entregársela en su trabajo o en su casa".

Además, en otro mensaje, Morens admitió haber aprendido a "hacer desaparecer correos electrónicos después de recibir una solicitud FOIA, pero antes de que comience la búsqueda".

Relación con EcoHealth Alliance y Peter Daszak

Morens mantuvo una comunicación frecuente con Peter Daszak, exdirector de la organización EcoHealth Alliance, que recibió fondos federales para investigar coronavirus en murciélagos en el Instituto de Virología de Wuhan (China).

La acusación señala que Morens prometió "proteger" a Daszak y actuar como intermediario entre él y Fauci. Incluso, según el documento, Daszak habría obsequiado vino a Morens a cambio de su apoyo.

Contexto: Investigaciones sobre el origen del COVID-19

Las acusaciones surgen en un momento en que se cuestiona el manejo de fondos federales para investigaciones de ganancia de función en virus, una práctica que aumenta su virulencia. EcoHealth Alliance perdió parte de su financiación en 2020 y fue inhabilitada para recibir fondos federales en los últimos días de la administración Biden debido a irregularidades en transparencia.

El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró que estas acciones representan "un abuso de confianza sin precedentes en un momento crítico para el pueblo estadounidense".

Reautorización de la FISA en entredicho

Paralelamente, la Cámara de Representantes de EE.UU. ha pospuesto la votación para reautorizar la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que permite a agencias de inteligencia interceptar comunicaciones de extranjeros sin orden judicial.

La ley, que expira este jueves, ha generado un intenso debate sobre su impacto en la privacidad de los ciudadanos estadounidenses que se comunican con extranjeros bajo vigilancia. Los defensores de la privacidad argumentan que la FISA crea un "agujero enorme" en la Cuarta Enmienda.

La votación, inicialmente prevista para ayer, se ha retrasado debido a las negociaciones sobre la incorporación de mayores protecciones a la ley.