El expresidente Donald Trump ha ideado uno de los esquemas más audaces —y cuestionables— para beneficiarse económicamente de su propio gobierno: presentar demandas contra la administración que él mismo lideró para exigir compensaciones millonarias. Ahora, según informes recientes, está a punto de lograr un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que podría evitarle auditorías fiscales a él, su familia y sus empresas.

Este caso no es el primero en el que Trump recurre a reclamaciones legales contra su propia administración. Hasta ahora, ha presentado tres demandas administrativas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946, un mecanismo que permite a particulares exigir compensaciones económicas al gobierno bajo la amenaza de emprender acciones legales.

Las reclamaciones previas de Trump contra su gobierno

  • Primera reclamación (2023): Acusó al FBI de mala conducta durante la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Trump solicitó 115 millones de dólares en daños y perjuicios.
  • Segunda reclamación (2024): Denunció al FBI por el registro en Mar-a-Lago en busca de documentos clasificados. Exigió otros 115 millones de dólares.
  • Demanda contra el IRS (enero 2025): Trump interpuso una demanda civil contra el IRS tras la filtración de sus declaraciones de la renta a The New York Times, reclamando 10.000 millones de dólares en compensaciones.

Ninguna de estas reclamaciones ha sido resuelta aún. Sin embargo, la demanda contra el IRS presenta un obstáculo legal adicional: involucra a un juez independiente, Kathleen M. Williams, nombrada por Barack Obama. En una orden judicial del pasado 24 de abril, Williams cuestionó si un presidente en ejercicio puede demandar a su propio departamento de Justicia, señalando que las entidades demandadas están bajo su dirección.

La jueza exigió a ambas partes que presentaran, antes del 20 de mayo, memorandos sobre la existencia de un "caso o controversia" real en el asunto. Dada la debilidad jurídica de la demanda —incluso si Trump no fuera presidente—, es poco probable que alguna de las partes desee profundizar en el tema. Por ello, las negociaciones para un acuerdo avanzan a contrarreloj.

¿En qué consiste el posible acuerdo con el IRS?

Según The New York Times, las partes estarían cerca de cerrar un acuerdo que incluiría el compromiso del IRS de no auditar las finanzas de Trump, su familia o sus negocios. Aunque el valor exacto de este pacto es incierto —ya que no se conocen las posibles sanciones de una auditoría—, se estima que podría suponer un ahorro millonario para el expresidente.

Este tipo de acuerdos no son nuevos en la estrategia legal de Trump. En el pasado, ha utilizado reclamaciones similares para presionar al gobierno y obtener beneficios económicos. Sin embargo, en este caso, el acuerdo evitaría que se revelaran posibles irregularidades fiscales, algo que siempre ha intentado mantener en secreto.

"Trump está utilizando el sistema legal como una herramienta para enriquecerse, incluso cuando el sistema debería proteger al contribuyente", señala un experto en derecho administrativo.

La pregunta que queda en el aire es: ¿logrará Trump este acuerdo antes del 20 de mayo, o la jueza Williams pondrá fin a su estrategia legal?