Chip Roy, congresista republicano de TexasEl congresista republicano Chip Roy, candidato a fiscal general de Texas, ha vuelto a protagonizar una polémica con una nueva propuesta legislativa. Tras impulsar en el pasado iniciativas contra la comunidad musulmana en nombre de combatir la sharia, ahora centra su atención en los socialistas.

Roy ha presentado un proyecto de ley que, en la práctica, permitiría la deportación de cualquier inmigrante que defienda la igualdad económica, incluso si ya ha obtenido la ciudadanía estadounidense. En un comunicado emitido el lunes, el legislador anunció que su iniciativa, titulada «Medidas contra los Adherentes Peligrosos del Marxismo y los Islamistas Nocivos (Ley MAMDANI) 2026», busca combatir lo que denomina «Alianza Rojo-Verde»: una supuesta conspiración entre musulmanes y marxistas.

El nombre de la ley es un claro guiño a Zohran Mamdani, alcalde musulmán y socialista de Nueva York, figura central de estas propuestas. Sin embargo, Roy no es el primero en atacar a Mamdani. En julio de 2023, el representante Mike Lawler (R-NY) presentó el «Proyecto de Ley para Medir el Impacto Nacional y la Disrupción del Mercado Adverso», dirigido contra la propuesta de Mamdani de crear supermercados gestionados por el ayuntamiento. En noviembre del mismo año, el congresista Buddy Carter (R-GA) impulsó el «Proyecto de Ley para Alejar el Dinero Americano de Intereses Antinacionales», que buscaba bloquear fondos federales a Nueva York durante el mandato de Mamdani.

Pero donde Roy carece de originalidad, destaca por su audacia. Su propuesta no solo atenta contra los derechos de los inmigrantes, sino también contra las libertades políticas de los ciudadanos estadounidenses. La ley autorizaría la expulsión de progresistas del país.

¿Qué cambiaría la Ley MAMDANI?

La legislación actual prohíbe la entrada a Estados Unidos de cualquier inmigrante que haya sido miembro o afiliado a partidos comunistas o totalitarios. Roy propone ampliar esta restricción para incluir a quienes hayan estado vinculados a partidos socialistas.

Además, la ley negaría la entrada a cualquier persona que haya defendido o estado afiliada a organizaciones que promuevan doctrinas económicas, internacionales o gubernamentales del socialismo. Esta última cláusula es clave: mientras que la normativa vigente se centra en el comunismo como ideología política y en la amenaza de derrocar al gobierno, Roy añade una exclusión para quienes defiendan el socialismo económico, incluso si no apoyan el socialismo de Estado.

Esto significaría que figuras como Bernie Sanders o el propio Mamdani podrían ser vetados en las fronteras estadounidenses. Pero no hace falta declararse abiertamente socialista: bajo esta ley, cualquier persona que defienda la igualdad económica podría ser denegada la entrada al país.

La definición de «socialismo» en el proyecto incluye cualquier movimiento que busque —mediante medios violentos o no— reestructurar las relaciones económicas y sociales para reducir las desigualdades de clase. La expresión «u otros medios» deja claro que se refiere a acciones no violentas, lo que abarcaría a cualquier persona que, de forma pacífica, promueva la reducción de la brecha entre ricos y pobres.

Asimismo, la ley define explícitamente como «partido socialista» al Democratic Socialists of America (DSA) y a todas sus filiales. Entre sus miembros se encuentran cargos electos actuales, como la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY).

Implicaciones para los ciudadanos estadounidenses

Las restricciones propuestas por Roy no solo afectarían a los inmigrantes. La ley también permitiría la deportación de ciudadanos naturalizados que hayan defendido en el pasado ideas socialistas, incluso si estas no implicaban violencia ni la intención de derrocar al gobierno. Esto representa un ataque frontal a la libertad de expresión y al derecho al debido proceso.

Expertos en derechos humanos y constitucionalistas han advertido que la propuesta podría ser inconstitucional por vulnerar la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y asociación. Además, cuestionan su viabilidad legal, ya que el gobierno federal ya tiene herramientas para deportar a personas que representen una amenaza concreta, sin necesidad de criminalizar ideologías enteras.

La iniciativa de Roy se enmarca en una tendencia creciente en ciertos sectores políticos de Estados Unidos, que buscan restringir los derechos de grupos progresistas bajo el pretexto de proteger la «seguridad nacional» o los «valores tradicionales». Sin embargo, críticos señalan que estas propuestas no solo son discriminatorias, sino que también polarizan aún más la sociedad y socavan los principios democráticos del país.