Juez frena sanciones de EE.UU. contra relatora de la ONU por libertad de expresión

Un juez federal de Estados Unidos ha frenado temporalmente las sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense a la relatora especial de la ONU Francesca Albanese, tras considerar que vulneraban su derecho a la libertad de expresión.

La magistrada del Tribunal de Distrito de Washington, Richard Leon, dictaminó que Albanese y su familia tienen altas probabilidades de ganar el juicio por vulneración de la Primera Enmienda. En su resolución, Leon destacó que Albanese «no ha hecho más que hablar» y que sus recomendaciones, sin carácter vinculante, son simplemente opiniones.

El caso se remonta a las sanciones impuestas en 2025 por el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó a Albanese de promover «leyfare» contra ciudadanos estadounidenses e israelíes. Rubio la tachó de antisemita, simpatizante del terrorismo y de tener un «desprecio abierto» hacia EE.UU., Israel y Occidente. Sin embargo, el juez Leon consideró que estas acusaciones demostraban que las sanciones buscaban castigar su discurso, no su conducta.

La sentencia no abordó otros argumentos de la demanda, como la supuesta violación del Cuarto y Quinto Amendments por la incautación de propiedades sin debido proceso y la criminalización de los vínculos familiares. Albanese denunció que las sanciones han destrozado su vida: su apartamento en Washington fue embargado, sus cuentas bancarias y seguros fueron congelados, y hasta su correo electrónico universitario fue cerrado por Georgetown bajo el pretexto de cumplir con la ley federal.

Las restricciones se extendieron más allá de EE.UU. En Italia, su país natal, hoteles y bancos extranjeros han rechazado sus reservas y transacciones por temor a represalias del Departamento del Tesoro estadounidense. Albanese, economista del Banco Mundial y su esposo, Massimiliano Cali, fueron sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14203, que prohíbe cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) por sus investigaciones sobre las acciones militares de Israel y EE.UU.

Aunque Albanese carece de poder real —los relatores especiales de la ONU son investigadores externos sin autoridad ejecutiva—, su informe instó a la CPI y a tribunales nacionales a investigar a ejecutivos de empresas implicadas en el conflicto israelí-palestino. Los abogados del gobierno argumentaron que la orden ejecutiva regulaba «conductas, no discursos», pero el juez Leon desestimó este razonamiento al señalar que Albanese fue sancionada por «comunicar un mensaje» con el que las autoridades discrepan.

«Sus recomendaciones no tienen efecto vinculante sobre las acciones de la CPI. Son, simplemente, su opinión», escribió Leon en la sentencia.

Este fallo subraya el creciente debate sobre el uso de sanciones económicas como herramienta para silenciar críticas, incluso cuando provienen de organismos internacionales. Albanese, que ha calificado su situación como un «montaña rusa», sigue enfrentándose a las consecuencias de unas medidas que, según su defensa, buscan amedrentar a quienes cuestionan las políticas de Washington y sus aliados.