La estrategia antidroga de Trump: más servicios de adicción pero menos apoyo gubernamental

La Casa Blanca ha dado a conocer una nueva estrategia nacional para combatir la crisis de drogas y adicciones en Estados Unidos, que promueve enfoques de salud pública ambiciosos. Sin embargo, expertos advierten que estos objetivos chocarán con las propias acciones del gobierno.

El documento, titulado Estrategia Nacional de Control de Drogas, de 195 páginas y publicado el pasado 4 de mayo, propone facilitar el acceso a tratamientos, prevenir adicciones en jóvenes, aumentar el apoyo a personas en recuperación y reducir las muertes por sobredosis. Estas metas cuentan con amplio respaldo entre investigadores, clínicos y defensores de la recuperación.

No obstante, su aplicación se verá obstaculizada por decisiones recientes de la administración Trump, como despidos masivos de empleados federales, la cancelación de subvenciones para investigación y programas comunitarios, y los recortes a Medicaid —el principal financiador de tratamientos contra adicciones y salud mental en el país—.

«Hay aspectos en la estrategia con los que estamos de acuerdo y apoyamos plenamente, pero existen inconsistencias claras entre lo que se considera importante y lo que realmente se financia», declaró Libby Jones, directora de prevención de sobredosis en el Global Health Advocacy Incubator.

Desde el año 2000, más de 1,1 millones de personas han fallecido por sobredosis en EE.UU. Aunque las cifras han disminuido ligeramente en los últimos años, siguen siendo altas, especialmente entre comunidades afroamericanas y nativas americanas.

Este documento es el primero publicado durante el segundo mandato de Trump y refleja su enfoque prioritario en medidas de aplicación de la ley para reducir el suministro de drogas. El texto menciona repetidamente la «guerra» contra «organizaciones terroristas extranjeras» —término usado por la administración para referirse a los cárteles de drogas— y destaca un aumento de la vigilancia en las fronteras.

Además, propone el uso de inteligencia artificial para detectar drogas ilícitas en puertos de entrada y pruebas en aguas residuales para identificar el consumo de sustancias en todo el país.

La segunda parte de la estrategia se centra en reducir la demanda de drogas mediante programas de prevención, tratamiento y apoyo a la recuperación. Incluye la promoción del papel de la religión en estos procesos y el uso generalizado de medicamentos para revertir sobredosis, como la naloxona.

En un comunicado, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca calificó el documento como un «mapa de ruta» para «desmantelar el suministro de drogas y derrotar la plaga de sustancias ilícitas en el país».

Hasta el momento, la administración Trump no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre cómo esta estrategia se alinea con otras políticas implementadas.