La sentencia Callais: cómo el Tribunal Supremo redefine la neutralidad en la política electoral

En los conflictos políticos, suele argumentarse que un bando es neutral mientras el otro actúa con sesgo partidista. Sin embargo, esta estrategia retórica rara vez funciona, ya que ninguna de las partes es realmente neutral. En el ámbito legal, existen asimetrías institucionales que benefician sistemáticamente a una postura política. Un ejemplo destacado era la Ley de Derechos Electorales (VRA), que, hasta su reciente modificación, otorgaba ventajas electorales a los votantes afroamericanos e hispanos —tradicionalmente inclinados hacia el Partido Demócrata— mientras limitaba el impacto de los votantes blancos, más afines al Partido Republicano.

La sentencia Callais, dictada por el Tribunal Supremo de EE.UU., ha eliminado esta asimetría. A partir de ahora, y salvo prueba de discriminación intencional, las minorías raciales ya no recibirán un impulso electoral automático mediante la VRA. Este cambio, junto con decisiones como Students for Fair Admissions, refuerza el principio de que el gobierno no puede aplicar clasificaciones raciales, incluso con fines aparentemente benignos, ya que estas siempre perjudican a un grupo para beneficiar a otro.

La sentencia Callais marca un punto de inflexión en la política estadounidense. Durante décadas, la jurisprudencia basada en el caso Gingles (1986) congeló el mapa electoral del sur del país, permitiendo que distritos con mayoría de votantes negros —diseñados para favorecer a los demócratas— se mantuvieran en vigor. Muchos de estos distritos han sido representados por políticos que han ocupado sus cargos durante décadas. Con la nueva normativa, esta práctica llegará a su fin: como señaló el juez Clarence Thomas en Allen v. Milligan, «la minoría simplemente no puede elegir a sus candidatos preferidos; al fin y al cabo, es una minoría».

La neutralidad no reside en que los tribunales federales tracen distritos con formas absurdas para agrupar a votantes negros por el mero hecho de ser negros. La neutralidad real es que los grupos demográficos con menos votantes tengan más dificultades para elegir a sus candidatos. Callais ha restaurado este principio.

El impacto de la sentencia se extiende más allá de lo jurídico. Tras su publicación, los demandantes privados solicitaron al Tribunal Supremo que emitiera el fallo de inmediato. Aunque la decisión no implica una orden judicial que bloquee la implementación de nuevos mapas electorales, la Corte accedió a acelerar el proceso. En una orden per curiam, se concedió la solicitud para emitir el fallo de forma inmediata, permitiendo a la parte perdedora presentar una petición de reconsideración en un plazo de 32 días.