El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado una petición del estado de Virginia para paralizar la decisión de su corte suprema, que invalidó una enmienda constitucional sobre la redistribución de distritos electorales para las elecciones de 2026.
En un fallo reciente, la Corte Suprema de Virginia anuló una modificación de la Constitución del estado que permitía a la Asamblea General aprobar nuevos mapas congresionales. Según el alto tribunal estatal, la enmienda adolecía de un defecto procesal: la Asamblea no habría cumplido con los plazos establecidos para su aprobación antes de someterla a referéndum popular.
La corte estatal basó su decisión en una interpretación controvertida del término «elección», entendiendo que abarca todo el período de votación anticipada, desde septiembre, en lugar de limitarse al día de los comicios en noviembre. Esta lectura, calificada como «atextual» por los demandantes, llevó a la corte a imponer la celebración de las elecciones con los distritos que los votantes habían rechazado.
Violación de la ley federal
En su recurso ante el Tribunal Supremo de EE.UU., Virginia argumentó que la decisión de la corte estatal incumple dos principios fundamentales del derecho federal:
- Interpretación errónea de la ley federal: La corte estatal basó su fallo en una lectura equivocada de la normativa federal, que establece de manera expresa que la «elección» de representantes al Congreso se celebra en un único día. Así lo recoge el Código de EE.UU., Título 2, Sección 7.
- Invasión de competencias legislativas: Al rechazar el texto claro de la Constitución de Virginia y adoptar su propia definición de «elección», la corte estatal excedió sus facultades, usurpando el poder que la Constitución federal reserva a las legislaturas estatales para regular las elecciones congresionales. Este extremo fue destacado en la sentencia Moore v. Harper (2023).
Los abogados del estado sostienen que, en ambos casos, el Tribunal Supremo tiene motivos suficientes para revocar la decisión de la corte de Virginia, ya que existe una «probabilidad razonable» de que el alto tribunal acepte revisar el caso y anule el fallo.
Consecuencias prácticas
La negativa a conceder la suspensión implica que Virginia deberá celebrar las elecciones de 2026 con los distritos actualmente vigentes, en lugar de los aprobados por los votantes en referéndum. Esta situación podría generar inestabilidad en el proceso electoral y afectar la representación congressional del estado.
El Tribunal Supremo no ha emitido aún un fallo definitivo sobre el fondo del asunto, pero su decisión de denegar la suspensión refuerza la postura de que las cortes estatales no pueden reinterpretar la ley federal para anular decisiones populares.