La colaboración entre las fuerzas de seguridad locales y las autoridades federales de inmigración en Estados Unidos está generando un clima de terror entre las comunidades migrantes. Bajo las políticas migratorias implementadas durante la presidencia de Donald Trump, quienes llaman al 911 para solicitar ayuda se enfrentan al riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Peor aún, muchos inmigrantes, por temor a represalias, optan por no pedir auxilio, incluso en situaciones de vida o muerte.

El caso de Axel Sánchez Toledo: violencia tras pedir ayuda

En diciembre de 2023, Axel Sánchez Toledo se convirtió en uno de los ejemplos más brutales de esta política. Tras recibir una llamada de su expareja informándole que su hija de cuatro años se encontraba enferma, Sánchez Toledo llamó al 911 para solicitar un control de bienestar. Cuando dos agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Palm Beach llegaron al lugar, uno de ellos le pidió su identificación y, tras revisarla, lo acusó de estar indocumentado y anunció su detención por ICE.

Las imágenes de la cámara corporal de los agentes, obtenidas por The Marshall Project, muestran cómo Sánchez Toledo, en un acto de desesperación, intentó huir. Los oficiales lo persiguieron, lo electrocutaron con una pistola Taser y lo redujeron a golpes mientras su pareja lloraba y su hijo de meses observaba la escena. En el suelo, con el peso de los agentes sobre él, Sánchez Toledo suplicó: "Por favor, chicos, no soy un criminal". Su abogado confirmó a The Marshall Project que, en ese momento, Sánchez Toledo tenía un caso de asilo pendiente. "No quiero irme", imploró. "¡Pues ahora te jodes!", le respondió uno de los agentes.

Aunque las acusaciones de resistencia a la detención fueron retiradas el 29 de abril, Sánchez Toledo sigue bajo custodia de ICE. Los agentes que lo arrestaron formaban parte de la Fuerza de Tarea 287(g) del departamento del sheriff, un programa que permite a las fuerzas de seguridad locales actuar con facultades federales de inmigración a cambio de reembolsos y otros incentivos.

El programa 287(g) y su impacto en Florida

De los 1.500 agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Palm Beach, solo 150 están autorizados para realizar arrestos migratorios. Sin embargo, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, este grupo fue responsable de 60 arrestos mensuales de inmigrantes, la tasa más alta del estado, y recibió casi un millón de dólares por su trabajo, según The Marshall Project. Más de 1.100 agencias de aplicación de la ley en todo el país han firmado acuerdos 287(g), lo que difumina los límites entre la aplicación local y federal de la ley.

Esta colaboración, sumada a las amplias medidas de deportación impulsadas por la administración Trump, está poniendo en peligro a miles de personas. La familia de una mujer de Virginia, quien murió tras ser supuestamente agredida por su pareja, ha denunciado que la víctima evitó denunciar la violencia doméstica por miedo a ser detenida debido a su estatus migratorio, según NBC Washington.

El miedo a denunciar: un problema generalizado

El Tahirih Justice Center, una organización sin ánimo de lucro que apoya a inmigrantes víctimas de violencia de género, reveló que el 76% de sus clientes temen acudir a la policía por posibles represalias migratorias. En otro caso documentado por The Washington Post, una solicitante de asilo relató que un hombre que la había agredido en su trabajo anterior la contactó nuevamente. Tras una redada de agentes de inmigración en su lugar de empleo y en su vecindario, la mujer aseguró que "no consideraría llamar a la policía si algo me pasa".

Estos testimonios reflejan cómo la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las autoridades migratorias ha erosionado la confianza de las comunidades inmigrantes en las instituciones, dejándolas sin protección en situaciones críticas.

"La línea entre la aplicación local de la ley y la persecución migratoria se ha desdibujado, poniendo en riesgo a personas que solo buscan ayuda", declaró un portavoz de una organización de derechos humanos que prefirió mantenerse en el anonimato.