Cierre de oficina de supervisión de detenciones migratorias deja sin protección a miles

El pasado 21 de marzo de 2025, Allison Posner recibió una notificación de reducción de plantilla que ponía fin a su cargo como jefa de Relaciones Externas en la Oficina del Defensor de Detenidos Migratorios (OIDO), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Su despido respondía a la disolución de este organismo, encargado de supervisar las condiciones en los centros de detención y recibir denuncias por maltrato.

Posner, exabogada de inmigración, fue una de los 110 empleados de la OIDO que pasaron a situación de permiso administrativo de 60 días. El documento que recibió incluía una fecha clara: «Su separación del DHS tendrá efecto el 23 de mayo de 2025».

La OIDO se creó en 2019 bajo mandato del Congreso para ejercer una supervisión independiente y neutral sobre las instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Protección de Fronteras (CBP). Su objetivo era investigar posibles violaciones de derechos humanos y garantizar trato digno a los detenidos. A diferencia de otros organismos, la oficina contaba con inspectores y gestores asignados directamente en los centros de detención, donde escuchaban las quejas de primera mano y resolvían problemas de forma inmediata.

«Visitábamos las instalaciones, hablábamos con las personas y resolvíamos sus casos de manera personalizada», explicó Posner. «Por primera vez, los detenidos no tenían que enviar un formulario a Washington; podían hablar con alguien que visitaba su centro cada semana o cada quince días».

Sin embargo, tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, la administración comenzó a desmantelar la oficina que ella misma había contribuido a crear. El anuncio oficial de su cierre, adelantado por HuffPost, confirma la eliminación de un sistema que, según exfuncionarios y activistas, funcionaba con eficacia.

«Estábamos avanzando en la dirección correcta, pero ahora no queda nadie haciendo este trabajo. Es devastador», declaró Posner.

La OIDO tenía como misión principal asegurar condiciones humanas en los centros de detención. Sus equipos realizaban visitas anunciadas y sorpresivas a más de 100 instalaciones en todo el país, incluyendo centros gestionados por empresas privadas y gobiernos locales. La desaparición de este organismo deja un vacío en la supervisión independiente en un momento crítico, cuando las denuncias por maltrato y hacinamiento en estos centros han aumentado.

Expertos en derechos humanos advierten que la medida puede agravar la vulnerabilidad de los detenidos, especialmente en un contexto de políticas migratorias cada vez más restrictivas.