Demandas masivas contra el gobernador de Luisiana por suspender primarias

El gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, se enfrenta a una avalancha de demandas tras anunciar la suspensión de las primarias estatales del 16 de mayo. La medida busca permitir que los republicanos redibujen los distritos electorales del Congreso, aprovechando la reciente sentencia del Tribunal Supremo que debilitó la Ley de Derechos Electorales en el caso Louisiana v. Callais.

Organizaciones civiles y votantes presentan recursos legales

En menos de 24 horas, varias organizaciones de derechos civiles y votantes presentaron demandas para bloquear la decisión de Landry. Entre los demandantes se encuentran la ACLU, la sucursal de Luisiana de la NAACP y el Consejo Nacional de Mujeres Judías. Estos grupos argumentan que la suspensión de las primarias viola la ley estatal y federal.

«Según la legislación de Luisiana, corresponde a la legislatura, y no al gobernador ni al secretario de Estado, establecer el calendario electoral. Sin embargo, el gobernador Jeff Landry, con la ayuda de la secretaria de Estado Nancy Landry, ha intentado unilateralmente cancelar las primarias congresionales de 2026 de Luisiana, incluso cuando el proceso electoral ya ha comenzado», señala la demanda presentada por el Consejo Nacional de Mujeres Judías y votantes de Luisiana.

«Las papeletas ya se enviaron a votantes militares y en el extranjero, como exige la ley federal, hace un mes. Además, las papeletas por correo se distribuyeron a otros votantes con derecho a voto por correspondencia casi una semana atrás. Muchos ciudadanos, incluidos los demandantes, ya han emitido su voto».

Argumentos legales contra la suspensión

La demanda también cita precedentes del Tribunal Supremo para respaldar su postura. Según los demandantes, el alto tribunal ha establecido que, cuando las elecciones están cerca de comenzar —o ya han comenzado—, el estado debe proceder con el mapa electoral vigente y corregir las irregularidades en futuros comicios.

Otra demanda, presentada por la ACLU, la NAACP y otras organizaciones defensoras del derecho al voto, solicita a un tribunal estatal que bloquee la decisión de Landry. Los demandantes alegan que la sentencia del Tribunal Supremo no constituye una «emergencia» según la ley estatal.

Primera demanda por violación de derechos constitucionales

El jueves, la candidata demócrata al Congreso Lindsay Garcia presentó otra demanda contra Landry. En su recurso, argumenta que la suspensión de las primarias infringe las Enmiendas Primera, Decimocuarta y Decimoquinta de la Constitución de EE.UU., que protegen el derecho al voto y la igualdad de representación.

Contexto: un intento republicano de manipular los distritos

La reacción en contra de la medida de Landry no ha sorprendido a los analistas. Esta acción se enmarca en la estrategia republicana para imponer sus propios mapas electorales, a pesar de que podrían privar del derecho al voto a miles de ciudadanos negros y latinos.

Los expertos prevén que la batalla legal continuará, con posibles nuevas demandas tanto de defensores de los derechos civiles como de partidarios de la medida. La polémica refleja la creciente polarización en torno a los derechos electorales en Estados Unidos.