Reclasificación de la marihuana médica: un avance legal histórico con impacto en pacientes y empresas

El presidente Donald Trump exigió el sábado a su equipo acelerar la reclasificación de la marihuana bajo la Ley de Sustancias Controladas (CSA), durante la firma de una orden ejecutiva sobre regulación de psicodélicos con potencial terapéutico. "¿Podéis completar la reclasificación, por favor? Me están retrasando", declaró Trump al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. Sin embargo, la decisión final no depende de su departamento, sino del fiscal general, quien firmó el jueves una orden para trasladar la marihuana médica aprobada por los estados de la Lista I —la categoría más restrictiva— a la Lista III, donde se incluyen fármacos como la ketamina o los esteroides anabólicos.

Esta medida, aunque no legaliza el cannabis ni siquiera para uso médico —requeriría la aprobación de la FDA para productos específicos—, reconoce que su clasificación actual carece de base científica. Además, facilitará la investigación sobre sus beneficios terapéuticos y aliviará la carga fiscal de los proveedores autorizados por los estados, permitiéndoles deducir gastos comerciales en sus declaraciones de la renta federales.

Un paso clave, pero limitado

El fiscal general interino, Todd Blanche, aclaró que esta acción es más restringida que lo planteado inicialmente por Trump en diciembre, cuando ordenó agilizar el proceso para mover la marihuana a la Lista II. La reclasificación general, que afectaría a todo el cannabis, se pospone hasta después de una audiencia pública convocada por la DEA para el 29 de junio.

Blanche destacó que su orden se aplica exclusivamente a la marihuana dispensada por negocios con licencia médica estatal, que deberán registrarse en la DEA. Actualmente, 40 estados permiten el uso médico del cannabis, y el fiscal argumentó que estos sistemas estatales ya cumplen con estándares de seguridad y control, evitando desvíos y garantizando la calidad del producto. "Incorporar estos sistemas al marco federal es la forma más eficiente de cumplir los objetivos de la CSA", afirmó.

Beneficios y limitaciones de la medida

La reclasificación tiene tres impactos principales:

• Investigación: Facilita estudios clínicos sobre la seguridad y eficacia del cannabis, proporcionando a médicos datos más fiables.
• Acceso a tratamientos: Aunque no legaliza su uso, abre la puerta a que la FDA apruebe medicamentos basados en cannabis, como ya ocurre con el Epidiolex (para epilepsia).
• Beneficio fiscal: Los proveedores estatales podrán deducir gastos como cualquier otra empresa, reduciendo su carga tributaria federal.

Sin embargo, la medida mantiene intacta la prohibición federal del cannabis recreativo y no elimina las barreras legales para su uso médico en estados donde aún no está regulado. Además, la DEA seguirá supervisando su producción y distribución.

"El Departamento de Justicia cumple con el compromiso del presidente de ampliar el acceso a opciones de tratamiento médico. Esta acción permitirá investigar la seguridad y eficacia del cannabis, mejorando la atención a los pacientes y ofreciendo información más fiable a los profesionales sanitarios". — Todd Blanche, fiscal general interino.

La decisión refleja un cambio de paradigma en la política de drogas de EE.UU., aunque expertos advierten que el proceso completo podría prolongarse meses o incluso años, dependiendo de los plazos administrativos y posibles recursos legales.