El Kremlin avanza en su cruzada contra el mercado de criptomonedas en Rusia con una propuesta legislativa que impone penas de hasta siete años de trabajos forzados a quienes operen con activos digitales sin la licencia correspondiente del Banco de Rusia.
La iniciativa, presentada en la Duma Estatal, establece que la compraventa de criptomonedas sin autorización se considerará un delito penal. Según el borrador del proyecto, publicado en la web oficial de la cámara baja, la circulación organizada de monedas digitales sin registro o permiso especial será castigada con dureza.
Actualmente, el mercado cripto en Rusia opera en un limbo legal, pero el gobierno busca regularlo antes de junio, con el objetivo de controlar un sector que mueve alrededor de 648 millones de dólares al día.
Prohibición de las plataformas no reguladas
La nueva normativa obligaría a la mayoría de los operadores a realizar transacciones únicamente a través de aplicaciones bancarias comerciales, eliminando así el vacío legal que permiten las plataformas de intercambio no reguladas.
El proyecto de ley incluye disposiciones específicas:
- Multas mínimas de 1.300 dólares para particulares, con un tope de 4.000 dólares.
- Penas de hasta cuatro años de prisión para infractores no registrados.
- Multas de hasta 13.000 dólares para grandes operadores de exchanges.
- Condenas de cinco a siete años de prisión para los responsables de plataformas no autorizadas.
Además, se incluyen sanciones para los mineros industriales que no declaren sus actividades ante el Estado.
Control sobre las operaciones en el extranjero
La propuesta actual es más severa que un primer borrador presentado en abril, que incluía requisitos adicionales como la obligación de que los residentes rusos notificaran a la Agencia Federal de Impuestos cualquier apertura o cierre de carteras cripto en el extranjero en un plazo de un mes.
El texto inicial también exigía que los usuarios de exchanges extranjeros con sede en Rusia reportaran todas sus transacciones a la misma entidad fiscal.
«Este proyecto de ley introduce responsabilidad penal por actividades relacionadas con la organización de la circulación de monedas digitales sin registro o sin un permiso especial», declaró el gobierno en el documento oficial.
Ambas propuestas deben ser aprobadas por la Duma Estatal y la Presidencia. Si se aprueban, entrarían en vigor el 1 de julio de 2027.