La administración de Donald Trump ha anunciado la retención de 1.300 millones de dólares en reembolsos de Medicaid destinados a California, alegando que el estado no ha perseguido adecuadamente el fraude en su programa de asistencia médica para personas de bajos ingresos.

En un comunicado emitido el pasado miércoles, JD Vance, vicepresidente de EE.UU. y autodenominado "zar contra el fraude", declaró:

"Hay contribuyentes de California y de todo el país que están siendo defraudados porque California no toma en serio su programa. Los estafadores han fomentado recetas falsas y la administración indebida de medicamentos".

Vance no presentó pruebas concretas de fraude en Medicaid, pero sí criticó los servicios de atención domiciliaria, conocidos como home and community-based services. Desde 1983, este programa permite a personas con discapacidad y adultos mayores recibir cuidados en sus hogares, evitando su ingreso en residencias o instituciones.

Lindsay Imai Hong, directora en California de Hand in Hand: The Domestic Employers Network, explicó a Mother Jones los beneficios de estos servicios:

"Incluyen ayuda para bañarse, preparar comidas, vestirse, levantarse de la cama, hacer la compra, limpieza del hogar, lavandería y más. Ha permitido a miles de californianos recibir el apoyo necesario para vivir en sus hogares junto a sus familias".

Por su parte, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), el doctor Mehmet Oz, exigió a California que justifique cientos de millones en facturaciones relacionadas con servicios en el hogar para inmigrantes indocumentados. Sin embargo, estos no tienen acceso a Medicaid, lo que invalida su argumento.

El gobernador de California, Gavin Newsom, respondió en la red social X que el crecimiento de los servicios de atención domiciliaria ahorra dinero a los contribuyentes, ya que evita ingresos costosos en residencias de ancianos. Mientras, defensores de derechos de personas con discapacidad y cuidadores intentan frenar los recortes a estos programas financiados con Medicaid, incluso antes de que se aprobara la polémica ley One Big Beautiful Bill de Trump.

Rob Bonta, fiscal general de California, acusó en X a la administración Trump de actuar por motivos políticos. Doug Moore, director ejecutivo de United Domestic Workers, también tachó la medida de "políticamente motivada" en un comunicado:

"El verdadero escándalo es la desidia con la que los políticos ignoran a los miembros de nuestra comunidad para enriquecer a sus amigos millonarios. El año pasado, la administración Trump y los republicanos en el Congreso regalaron 4,5 billones de dólares en recortes fiscales a millonarios y billonarios, mientras recortaban programas sociales vitales como Medicaid y SNAP".

En su anuncio, Vance amenazó con suspender fondos federales a todos los estados que no persigan con suficiente dureza el fraude en Medicaid. Esta decisión en California recuerda a la suspensión de más de 250 millones en fondos de Medicaid a Minnesota, basada en acusaciones de fraude dirigidas a comunidades somalíes, que finalmente se demostraron infundadas y alimentaron teorías conspirativas de extrema derecha.