Congreso pospone una vez más la reforma de la vigilancia masiva en EE.UU.

Washington, EE.UU. — El Congreso de Estados Unidos ha vuelto a prorrogar, por solo 45 días, la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), una medida que permite la recolección masiva de datos de comunicaciones electrónicas sin orden judicial. La extensión, aprobada por la Cámara de Representantes el pasado miércoles, busca dar tiempo a los legisladores para negociar reformas al polémico programa de vigilancia, pero las tensiones políticas hacen prever un proceso complicado.

Reformas mínimas y puntos de conflicto

La versión actual de la prórroga incluye cambios menores, pero excluye la exigencia de órdenes judiciales para acceder a comunicaciones de ciudadanos estadounidenses, una de las demandas más reclamadas por defensores de la privacidad. En su lugar, se incorporó una disposición que prohíbe a la Reserva Federal emitir monedas digitales de bancos centrales, una medida impulsada por el senador republicano John Thune (R-SD) y calificada por algunos como un «distracción» de los verdaderos debates.

Un patrón de postergaciones

La falta de avances en las últimas semanas refleja la dificultad para alcanzar un consenso entre demócratas y republicanos. Mientras algunos sectores exigen mayor transparencia y límites a la vigilancia, otros argumentan que la sección 702 es esencial para la seguridad nacional. La próxima fecha límite, a mediados de abril, se perfila como un nuevo punto de fricción en un Congreso ya polarizado.

La prórroga actual deja en el aire el futuro de un programa que, desde su creación en 2008, ha sido objeto de críticas por su alcance y falta de supervisión. Organizaciones como la ACLU y grupos de derechos digitales insisten en que se necesitan reformas estructurales, no solo prórrogas temporales.

«Cada vez que se pospone la reforma, se perpetúa un sistema que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos», declaró un portavoz de la ACLU bajo condición de anonimato.

¿Qué sigue?

Los legisladores enfrentan ahora la presión de aprobar una solución definitiva antes de que venza el nuevo plazo. Sin embargo, con agendas cargadas y divisiones partidistas, el camino hacia una reforma integral sigue siendo incierto. Mientras tanto, la sección 702 sigue operando bajo las mismas reglas que han generado controversia durante años.