Maine estuvo a punto de convertirse en el primer estado de Estados Unidos en aprobar una moratoria estatal a los centros de datos a gran escala, una iniciativa pionera en el país. Sin embargo, la gobernadora demócrata Janet Mills vetó el proyecto de ley el pasado viernes, frenando así su entrada en vigor.
En un comunicado, Mills reconoció que una moratoria «podría ser apropiada» en términos generales, pero justificó su veto aludiendo a un proyecto concreto en la localidad de Jay. Según declaró, este centro de datos generaría 800 empleos temporales y 100 permanentes en una zona que necesita impulsar su economía local.
La decisión ha sido recibida con alivio por parte de la industria. Dan Diorio, portavoz de la Data Center Coalition, afirmó que una moratoria estatal «habría desincentivado la inversión y enviado un mensaje negativo sobre la apertura de Maine a proyectos económicos». Además, advirtió que habría privado a las comunidades locales de oportunidades laborales y de desarrollo.
En lugar de una moratoria, Mills ordenó la realización de un estudio sobre los posibles impactos de los centros de datos a gran escala en Maine. Para ello, emitirá una orden ejecutiva que creará un consejo encargado de analizar el asunto.
La reacción de los grupos ecologistas no se hizo esperar. Mitch Jones, de la organización Food and Water Watch, criticó duramente la decisión: «Con este veto, la gobernadora Mills muestra un desconexión alarmante con los ciudadanos de Maine, sus representantes electos y el creciente movimiento nacional contra la expansión descontrolada de esta industria». Jones denunció el aumento de las tarifas eléctricas, las promesas laborales incumplidas y la industrialización dañina que estos centros generan en las comunidades locales.
La moratoria en Maine no era una idea aislada. Según informes recientes, doce estados están considerando leyes similares, y decenas de municipios ya las han aprobado. Además, en marzo, los senadores Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez presentaron una propuesta para una moratoria nacional. Greg LeRoy, de la organización Good Jobs First, destacó que «hace un año, nadie hablaba de moratorias; ahora, un cuarto de los estados están en el proceso».
La decisión de Mills podría tener también un trasfondo político. En junio, la gobernadora competirá en unas primarias senatoriales contra Graham Platner, quien apoyó la moratoria. Según las encuestas, Platner lidera con una ventaja de dos dígitos, lo que convierte el veto en un posible lastre electoral para Mills.