El retraso de la Ley CLARITY pone a prueba la advertencia de Wall Street sobre los $6,6 billones en stablecoins

La Ley CLARITY, diseñada para establecer un marco regulatorio claro para las criptomonedas en Estados Unidos, ha quedado paralizada en las deliberaciones del Comité Bancario del Senado. Este estancamiento retrasa la aprobación de normas clave que consolidarían la postura pro-cripto adoptada durante la administración de Donald Trump.

Sin embargo, el Congreso podría estar ofreciendo a los mercados de criptoactivos un experimento inesperado. Según Galaxy Research, las probabilidades de que la ley se apruebe este año rondan el 50%, o incluso menos, debido a disputas no resueltas sobre las disposiciones de DeFi, la jurisdicción y el lenguaje relativo a los rendimientos de los stablecoins.

La propuesta abarca desde la clasificación de tokens hasta el registro de intercambios y corredores, pasando por exenciones para software y regulaciones de DeFi. Uno de los puntos más controvertidos es el relacionado con los rendimientos de los stablecoins, donde reside el mayor temor de Wall Street.

El debate sobre los rendimientos

La Ley GENIUS prohíbe explícitamente a los emisores de stablecoins pagar intereses o rendimientos por mantener estos activos, resolviendo la versión más sencilla del conflicto. Sin embargo, la pregunta más compleja es si los intercambios y terceros pueden ofrecer recompensas en efectivo, bonificaciones por referidos o promociones con rendimientos sin incumplir esta prohibición.

Tanto la propuesta de la OCC de marzo como la de la FDIC de abril extendieron las presunciones de evasión a ciertos acuerdos con partes relacionadas, limitando este margen. No obstante, ambos documentos siguen siendo propuestas pendientes de finalización, y los reguladores aún definen el alcance práctico de lo que se considera prohibido.

Los bancos han enmarcado este vacío regulatorio como una amenaza existencial para su competitividad. En una carta dirigida a los reguladores, la ABA (American Bankers Association) advirtió que hasta $6,6 billones en depósitos podrían estar en riesgo, señalando que los incentivos financiados por los intercambios podrían desviar ahorros del sistema bancario tradicional.

Por su parte, Standard Chartered estimó una salida máxima de $500.000 millones en depósitos hacia los stablecoins para finales de 2028, con los bancos regionales como los más expuestos. El argumento se centra en que los rendimientos ofrecidos por los intercambios hacen que los stablecoins sean funcionalmente competitivos con los depósitos bancarios, pero sin asumir los requisitos de reservas, las normas de capital ni los costes de seguro que sí soportan los bancos.

El contraargumento de la Casa Blanca

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca publicó en abril un informe en el que rebatía estas afirmaciones. Según su análisis, eliminar los rendimientos de los stablecoins aumentaría los préstamos bancarios en unos $2.100 millones (aproximadamente un 0,02%), pero impondría un coste neto de bienestar de $800 millones.

A fecha del 27 de abril, el mercado de stablecoins superaba los $320.000 millones, frente a los $19,1 billones en depósitos comerciales de bancos estadounidenses. Representando alrededor del 1,66% de la base de depósitos, los stablecoins generan suficiente fricción competitiva en los márgenes, pero su tamaño es lo suficientemente pequeño como para que el sistema financiero en su conjunto mantenga su estabilidad.

Si el mercado de stablecoins creciera hasta los $500.000 millones y cada dólar adicional proviniera de depósitos bancarios, el desplazamiento sería de aproximadamente el 0,96% de los depósitos actuales. Esta cifra es suficiente para poner a prueba el poder de fijación de precios de las instituciones comunitarias, pero no alteraría la financiación agregada del sistema.

Un posible escenario positivo

Si la Ley CLARITY se retrasa y la normativa de las agencias no cierra la puerta a los rendimientos, los intercambios podrían seguir operando en este espacio sin regulación clara. En este escenario, el mercado tendría la oportunidad de responder a las dudas sobre los stablecoins antes de que el Congreso tome una decisión definitiva.