El Tribunal Supremo de EE.UU. decidirá el futuro de más de 1,3 millones de migrantes con protección temporal

Un caso clave para el futuro del TPS en EE.UU.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este miércoles los argumentos sobre los recursos presentados contra la decisión de la administración Trump de finalizar el estatus de protección temporal (TPS) para 350.000 haitianos y 6.000 sirios residentes en el país. La resolución podría tener consecuencias para los casi 1,3 millones de beneficiarios del TPS en 13 países que actualmente viven en EE.UU.

Las acusaciones contra la administración Trump

Los dos casos consolidados ante el Supremo acusan a la administración Trump de violar la ley federal al terminar con el TPS para haitianos y sirios sin consultar adecuadamente con otras agencias gubernamentales, según recoge SCOTUSblog.

Además, los demandantes haitianos argumentan que la decisión de cancelar el TPS para su país vulnera la Cláusula de Igualdad de Protección de la 14ª Enmienda, al discriminar a inmigrantes no blancos. Por su parte, el gobierno sostiene que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el TPS son inmunes a la revisión judicial, una postura que los demandantes consideran un intento de blindar las acciones ejecutivas del control judicial.

El gobierno también alega que, de ser revisables, el DHS sí consideró el asesoramiento del Departamento de Estado, como exige la ley.

¿Qué es el programa TPS y por qué es importante?

Creado en 1990, el TPS permite al secretario de Seguridad Nacional designar a un país extranjero para este estatus cuando su situación impide el regreso seguro de sus nacionales debido a desastres ambientales, conflictos armados u otras emergencias anormales.

Este programa autoriza a los beneficiarios a permanecer y trabajar en EE.UU., pero no ofrece un camino directo a la residencia permanente o la ciudadanía.

Las decisiones de Kristi Noem y sus consecuencias

A principios de 2021, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la finalización del TPS para Haití, que lo tenía desde enero de 2010 tras un devastador terremoto que causó más de 300.000 muertos. Noem argumentó que Haití, sumido en una crisis humanitaria, ya no cumplía los requisitos para el TPS y que su mantenimiento iría en contra del interés nacional.

Sin embargo, un juez federal en Washington, Ana Reyes, bloqueó la medida al considerar que Noem actuó con "probable premeditación hostil hacia inmigrantes no blancos". Reyes señaló que Noem había cancelado todos los TPS que llegaron a su despacho y que no consultó con otras agencias federales, incumpliendo la ley.

En septiembre de 2021, Noem también terminó con el TPS para Siria, vigente desde marzo de 2012 tras la guerra civil que dejó miles de muertos. Nuevamente, un juez federal en Nueva York, Katherine Polk Failla, bloqueó la decisión al considerar que los demandantes tenían altas probabilidades de demostrar que Noem violó la ley.

División en el Supremo: ¿motivación racial?

Tras los argumentos presentados este miércoles, The New York Times informó que el Tribunal está profundamente dividido sobre si el DHS puede cancelar inmediatamente el TPS para Haití y Siria. Mientras las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson sospechan que hubo motivaciones raciales en la decisión sobre Haití, el resto de la Corte no ha mostrado una postura clara.

Implicaciones globales

La resolución del Supremo no solo afectará a los 356.000 haitianos y sirios directamente implicados, sino que podría sentar un precedente para los 1,3 millones de beneficiarios del TPS en otros 11 países, como El Salvador, Honduras, Nepal y Yemen, entre otros.

El futuro de estas personas pende ahora de un hilo, mientras el máximo tribunal decide si prioriza la discrecionalidad ejecutiva o la protección de los derechos de los migrantes.