Estados se afanan por aplicar los requisitos laborales de Trump en Medicaid

Un desafío complejo para los estados

Los gobiernos estatales de EE.UU. aún no tienen claro cómo aplicar los requisitos laborales en Medicaid, una medida impulsada por la administración de Donald Trump que exige a muchos beneficiarios adultos demostrar actividad laboral o educativa. Aunque un estado lanzará su programa esta semana, persisten dudas sobre su ejecución, incluyendo el uso de inteligencia artificial en algunos casos.

Encuesta revela las estrategias estatales

Una encuesta de KFF, realizada a responsables de Medicaid en 42 estados y el Distrito de Columbia, revela las principales dificultades que enfrentan las administraciones locales. Entre ellas destacan:

• La definición de enfermedades y condiciones médicas que eximan del requisito laboral.
• La automatización de los procesos de verificación de cumplimiento.
• La interpretación de la "fragilidad médica", un concepto clave en la nueva ley.

Las directrices federales no se esperan hasta junio de 2025, lo que obliga a los estados a avanzar con sus propias interpretaciones. Algunos ya han establecido criterios para determinar qué beneficiarios pueden quedar exentos por motivos de salud.

La ley que redefine Medicaid

La One Big Beautiful Bill Act, firmada por Trump, modifica el programa Medicaid en más de 40 estados y Washington, D.C. La reforma amplió la cobertura a adultos sin hijos y sin seguro laboral, una medida que benefició a unos 20 millones de personas desde la expansión impulsada por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), aún rechazada por la mayoría de los republicanos.

Los nuevos requisitos exigen a los beneficiarios trabajar al menos 80 horas al mes, estudiar a tiempo parcial o realizar actividades comunitarias. Sin embargo, críticos argumentan que esta medida podría dejar sin cobertura a personas vulnerables, como cuidadores o estudiantes.

Impacto económico y cobertura

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), los requisitos laborales reducirán el gasto federal en Medicaid en unos 326.000 millones de dólares en una década. Además, estima que para 2034 habrá 4,8 millones más de personas sin seguro debido a esta normativa.

Amaya Diana, analista de políticas de KFF, advierte: "Muchos estados trabajan con plazos extremadamente ajustados y deben tomar decisiones cruciales con menos de un año para su implementación".

Exenciones y controversias

La ley permite exenciones por dificultades como desastres naturales, desempleo alto en la zona, hospitalización o viajes médicos prolongados. Sin embargo, 28 estados y D.C. ofrecerán estas exenciones, pero Iowa e Indiana no adoptarán ninguna. Además, la definición de "fragilidad médica" sigue sin aclararse a nivel federal, lo que genera incertidumbre en la aplicación.

"Los estados están avanzando sin una guía clara, lo que podría generar inconsistencias en la aplicación de la norma y dejar a muchos beneficiarios en una situación de vulnerabilidad", señala un experto en políticas sanitarias.