Investigadores descubren trama de drogas por votos en cárceles de Puerto Rico y reciben orden de paralizar el caso

Un caso que reveló una red de tráfico de drogas vinculada a votos

La investigación comenzó como un operativo rutinario contra el tráfico de estupefacientes en las cárceles de Puerto Rico. Agentes federales descubrieron que la banda carcelaria Los Tiburones —también conocida como Grupo 31— no solo distribuía drogas dentro de las prisiones, sino que las intercambiaba por votos para la gobernadora Jenniffer González-Colón, aliada política del expresidente Donald Trump.

Según los registros y testimonios recabados, los líderes de la organización amenazaban con violencia y retener el suministro de drogas a los presos adictos si no cumplían con votar por González-Colón. Además, empleados correccionales cómplices facilitaban la operación, permitiendo que la banda operara sin obstáculos dentro de las instalaciones.

El giro inesperado: orden de frenar la investigación

Tras recopilar pruebas contundentes sobre fraude electoral, que incluían sobornos en forma de drogas y la participación de funcionarios, los fiscales federales se preparaban para presentar cargos en noviembre de 2024. Sin embargo, justo después de la victoria electoral de Trump y la elección de González-Colón como gobernadora, recibieron una instrucción inusual de sus superiores en la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico.

Según fuentes consultadas por ProPublica —que pidieron anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente—, se les ordenó excluir los cargos relacionados con el tráfico de drogas a cambio de votos y retirar todas las acusaciones contra el personal penitenciario implicado.

Los cargos presentados: solo una parte del delito

En diciembre de 2024, los fiscales presentaron una acusación contra 34 reclusos y colaboradores, incluyendo cargos por distribución de drogas (vinculados al menos a cuatro muertes por sobredosis), lavado de dinero y posesión ilegal de armas. Aunque el documento mencionaba el esquema de drogas por votos, no se incluyó ninguna imputación específica por este delito, que en Puerto Rico puede acarrear multas de hasta 250.000 dólares y penas de hasta dos años de prisión.

La presión política y el silencio posterior

Tras la asunción de Trump en 2025, el fiscal principal del caso, Jorge Matos, recibió órdenes de un supervisor para detener la investigación, según declararon cuatro personas familiarizadas con el expediente. «Antes de las elecciones, todo avanzaba a toda velocidad. Después, todo cambió», afirmó una de las fuentes.

Matos, quien abandonó el Departamento de Justicia en junio de 2025, no respondió a las solicitudes de comentarios de ProPublica. La decisión de archivar las acusaciones relacionadas con fraude electoral resulta aún más llamativa si se considera que Trump había emitido órdenes ejecutivas ese mismo año para combatir el narcotráfico y defender la «integridad electoral».

«Lo que comenzó como un caso de tráfico de drogas se convirtió en una trama de manipulación electoral con ramificaciones políticas. La orden de paralizar la investigación plantea serias dudas sobre posibles influencias externas».

Contexto: el voto de los presos en Puerto Rico

Puerto Rico es uno de los pocos territorios de EE.UU. donde los reclusos pueden votar. Los ciudadanos de la isla participan en todos los procesos electorales excepto en las elecciones presidenciales federales. Aunque el fraude electoral es un delito grave, las autoridades optaron por no perseguirlo en este caso, dejando sin resolver una red que vinculaba narcotráfico y política.