Un juez federal de Nueva York celebrará este miércoles una audiencia de emergencia para decidir si los familiares de un ministro surcoreano asesinado pueden reclamar 71 millones de dólares en criptomonedas congeladas tras un ciberataque atribuido a hackers norcoreanos.
La audiencia forma parte de un conflicto legal acelerado que complica los esfuerzos por compensar a las víctimas de un hackeo ocurrido el 18 de abril, presuntamente perpetrado por actores vinculados a Corea del Norte. En ese ataque, los hackers sustrajeron casi 300 millones de dólares en rsETH del protocolo Kelp DAO. Posteriormente, utilizaron esas criptomonedas como garantía para obtener préstamos de activos más líquidos en Aave, el mayor protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi).
Sin embargo, varias organizaciones lograron congelar parte de los fondos robados antes de que pudieran ser blanqueados. Entre ellas, Arbitrum DAO congeló activos por valor de 71 millones de dólares, que ahora planea transferir a un fondo de recuperación para compensar a los afectados por el hackeo.
No obstante, otras víctimas de ciberataques norcoreanos han presentado reclamaciones sobre estos fondos congelados, basándose en sentencias judiciales millonarias contra el régimen norcoreano. El pasado viernes, los abogados de estas víctimas presentaron una orden de restricción que prohíbe a Arbitrum DAO transferir cualquier «derecho de propiedad de la República Popular Democrática de Corea».
Entre los reclamantes se encuentran Han Kim y Yong Kim, familiares de un ministro surcoreano secuestrado y presumiblemente asesinado por agentes norcoreanos en el año 2000. Según la orden judicial, en 2015 obtuvieron una sentencia de 330 millones de dólares contra Corea del Norte en un tribunal federal de EE.UU.
Ante este escenario, Aave LLC intervino el lunes pasado presentando una solicitud de emergencia para que se anule la orden de restricción. La empresa argumenta que su cumplimiento podría causar «daños catastróficos» al protocolo Aave, a sus usuarios y al sistema DeFi en su conjunto.
En un comunicado publicado en la plataforma X, el fundador de Aave, Stani Kulechov, rechazó las reclamaciones infundadas sobre la propiedad de los fondos robados. «Rechazamos la idea absurda de que el ladrón se convierte en dueño legítimo de los activos robados», declaró. «Seguiremos luchando por la comunidad DeFi».
En su escrito judicial, Aave LLC añadió que los reclamantes basan sus argumentos en «conjeturas extraídas de publicaciones en internet», afirmando que los hackers eran norcoreanos y que, al robar los activos durante unas horas, Corea del Norte se habría convertido en el «propietario legítimo» de los mismos.
«Los activos congelados no pertenecen a Corea del Norte ni a entidades afiliadas. En cambio, pertenecen a los usuarios del protocolo Aave», aclaró la empresa.
Mientras tanto, Arbitrum DAO inició el jueves una votación para transferir los activos congelados al fondo de recuperación. Esta votación finalizará el 7 de mayo, un día después de la audiencia de emergencia.
En su solicitud, Aave LLC advirtió que, si los activos congelados no se liberan para compensar a los usuarios del protocolo, «todo el ecosistema DeFi podría desestabilizarse». Además, señaló que mantener la congelación crearía «incentivos inaceptables»: «Nadie se atrevería a detener a un ladrón si la recompensa por ser un buen samaritano fuera un largo proceso legal», argumentó.
Por su parte, la Fundación Arbitrum publicó un comunicado en su foro de gobernanza el lunes, confirmando que se encuentra «en proceso de evaluar la situación» y que tomará una decisión basada en los intereses de la comunidad.