Aumenta la oposición a la estrategia de Trump para frenar la energía eólica con pagos millonarios

La estrategia del gobierno de Donald Trump para debilitar la industria eólica en Estados Unidos está generando una creciente oposición, tanto en el ámbito legal como en el político y económico. Tras varios intentos fallidos de frenar el sector mediante regulaciones, ahora recurre a un enfoque distinto: ofrecer pagos millonarios a empresas para que abandonen proyectos de energía eólica, tanto en tierra como en el mar.

Trump apuesta por asfixiar la industria eólica con trabas administrativas

Aunque los tribunales han frenado en repetidas ocasiones los intentos de Trump por paralizar la energía eólica mediante decretos, su administración ha encontrado una nueva vía: negar permisos federales esenciales para más de 150 proyectos. La excusa es la supuesta interferencia con infraestructuras militares, pero muchos de estos proyectos están lejos de bases o instalaciones de defensa.

La justificación oficial choca con el consenso político y técnico en EE.UU.: el país necesita urgentemente aumentar su capacidad energética para satisfacer la creciente demanda de centros de datos y la electrificación de la economía. «Esta es la estrategia para matar una industria perdiendo todos los juicios: seguir atacándola», declaró un abogado especializado en energía a Heatmap. «Crear un clima de inseguridad inversora y dejar que las consecuencias caigan donde sea».

Rechazo a los pagos millonarios para abandonar parques eólicos

La táctica dio un paso adelante en marzo, cuando la gigante energética francesa TotalEnergies aceptó un pago de 1.000 millones de dólares del gobierno de Trump para cancelar dos proyectos de energía eólica marina. Sin embargo, el acuerdo ha generado una fuerte polémica.

Una investigación de Heatmap reveló que el contrato no incluía ninguna obligación de invertir en combustibles fósiles, como sugería la administración. Además, existe duda sobre si el pago cumple los requisitos para ser financiado con fondos federales destinados a acuerdos legales. Tras estas revelaciones, los demócratas en la Cámara de Representantes anunciaron una investigación sobre el acuerdo con TotalEnergies.

La oposición se extiende ahora a otros ámbitos. Esta semana, los reguladores de California anunciaron una investigación sobre un proyecto de energía eólica marina flotante en la costa oeste, el primero de su tipo en la región, que también aceptó el pago de Trump. Paralelamente, uno de los mayores fondos de pensiones de EE.UU., el New York State Common Retirement Fund, ha anunciado que evaluará la venta de su participación de 1,6 millones de dólares en TotalEnergies debido a «preocupaciones significativas» por su decisión de abandonar la energía eólica y reforzar su apuesta por los combustibles fósiles.

Consecuencias económicas y políticas

El rechazo a esta estrategia no se limita a lo legal o lo mediático. En una carta dirigida al consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, el fondo de pensiones neoyorquino cuestionó la coherencia de la empresa con sus compromisos climáticos y su responsabilidad social. «La decisión de cancelar proyectos de energía eólica y aumentar la inversión en combustibles fósiles es contraria a los objetivos de transición energética», señala el documento.

Mientras tanto, el gobierno de Trump sigue adelante con su plan. En las últimas semanas, ha intensificado los retrasos en la aprobación de permisos para proyectos eólicos en tierra, alegando posibles interferencias con radares militares. Sin embargo, expertos y analistas coinciden en que estas trabas buscan, en última instancia, desincentivar la inversión en energías limpias.

«No se trata solo de ganar batallas legales, sino de crear un entorno en el que invertir en energía eólica sea cada vez más arriesgado y poco atractivo», explicó un analista del sector energético. «Es una guerra de desgaste».

¿Qué sigue para la industria eólica en EE.UU.?

Con más de 150 proyectos en riesgo y un clima de incertidumbre legal y regulatoria, el futuro de la energía eólica en Estados Unidos pende de un hilo. Mientras el gobierno de Trump insiste en su estrategia, los defensores de las energías limpias advierten sobre las consecuencias a largo plazo: pérdida de competitividad, retraso en los objetivos climáticos y un aumento de los costes energéticos para los consumidores.

«Si no se frena esta política, EE.UU. podría quedarse atrás en la carrera global por la energía limpia», advirtió un portavoz de la American Clean Power Association. «Y eso no solo afectará al medio ambiente, sino también a la economía y la seguridad energética del país».