Nueva normativa de la EPA acelera permisos para centros de datos: ¿beneficio o riesgo ambiental?

La Administración Trump avanza en una reforma para acelerar los permisos de construcción de centros de datos, una medida que podría reducir plazos de meses a años en proyectos de infraestructura tecnológica. Sin embargo, la iniciativa, impulsada por una orden ejecutiva del presidente, genera división entre desarrolladores y grupos ecologistas.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) propuso el martes un cambio en la normativa que permitiría a los desarrolladores iniciar ciertas fases de construcción antes de obtener el permiso obligatorio bajo la Ley de Aire Limpio. Actualmente, el proceso conocido como New Source Review exige este documento antes de comenzar obras que generen emisiones significativas, como fábricas o plantas de gas natural. Con la nueva regla, las empresas podrían avanzar en tareas como el vertido de hormigón para plataformas, incluso antes de instalar equipos emisores como turbinas de gas.

Aunque el texto de la EPA no menciona explícitamente a los centros de datos, los materiales de prensa vinculan la medida con la orden ejecutiva de Trump para simplificar trámites en el sector tecnológico. Abogados del sector y expertos en litigios ambientales coinciden en que la reforma reducirá retrasos en la construcción y presionará a los reguladores estatales para agilizar permisos de aire.

«El resultado previsto es que los desarrolladores podrán avanzar más rápido, sin demoras adicionales. Sin duda ahorrará tiempo en permisos y construcción de nueva infraestructura», declaró Jeff Holmstead, abogado de Bracewell y exadministrador de la EPA durante el gobierno de George H.W. Bush.

La iniciativa llega en un contexto de alta demanda energética impulsada por la expansión de la inteligencia artificial. Históricamente, la EPA ha sido cautelosa al permitir obras que impliquen inversiones significativas antes de evaluar el impacto ambiental. Ahora, el debate sobre las necesidades energéticas y las leyes ambientales de décadas se intensifica.

Grupos ecologistas, como el Sierra Club, critican la propuesta por considerar que facilitará la proliferación de centros de datos alimentados con combustibles fósiles, reduciendo las opciones para evaluar alternativas más limpias. «Las agencias tienen flexibilidad para decidir qué medidas exigir, pero esta norma las obliga a comprometerse de antemano, limitando su capacidad para responder a preocupaciones públicas o reconocer impactos en la calidad del aire», explicó Sanjay Narayan, asesor jurídico principal del Sierra Club.

El dilema es claro: ¿acelerar la regulación energética sacrificará la participación ciudadana y la evaluación exhaustiva de riesgos? La controversia ya se refleja en proyectos como Matador, una iniciativa de gran envergadura que enfrenta resistencia local por su potencial impacto ambiental.