Brampton desperdicia 75 millones en un centro de radares que ya no sirve y pide 27 millones más para badenes

La ciudad de Brampton, en Ontario (Canadá), invirtió más de 75 millones de dólares canadienses (unos 55 millones de dólares estadounidenses al cambio actual) en un moderno centro de procesamiento para gestionar multas por exceso de velocidad. Sin embargo, el gobierno provincial prohibió los radares automáticos poco después de su inauguración, dejando el edificio sin una función clara.

El proyecto, que incluía la instalación de 185 radares —principalmente en zonas escolares—, buscaba reducir la velocidad media en las vías. Según datos citados por Insauga, la medida logró disminuir la velocidad en más de 9 km/h de media, con reducciones de hasta 25 km/h en algunas áreas. No obstante, críticos como el premier de Ontario, Doug Ford, argumentaron que el sistema priorizaba la recaudación sobre la seguridad.

El coste del edificio, 77,9 millones de dólares canadienses, superó con creces la valoración interna de la ciudad y multiplicó por más de dos el precio de venta de 32,5 millones que había obtenido solo tres años antes por el terreno. Ahora, con los radares prohibidos, Brampton planea destinar 27 millones adicionales a la instalación de badenes, señalización y otras alternativas para controlar el tráfico.

¿Alternativas efectivas? Estudios previos indican que los límites de velocidad por sí solos no son la solución más eficaz para reducir la velocidad real en las carreteras. El diseño vial juega un papel clave, más allá de los números en las señales. Aunque no está claro si las nuevas medidas propuestas tendrán éxito, la ciudad ya busca reutilizar el edificio para otros fines municipales, como servicios de TI, almacenamiento de flotas o actividades recreativas.

Hardeep Grewal, diputado provincial por Brampton South, criticó duramente las preocupaciones por el gasto en el edificio. En declaraciones al Brampton Guardian, afirmó que el inmueble es ahora un activo inmobiliario y sugirió cubrir los costes «obligando a los operadores de radares a asumir los gastos o utilizando los millones recaudados durante años con las multas por exceso de velocidad».

Aunque la ciudad intenta adaptarse, la situación refleja una gestión poco planificada. El caso de Brampton podría servir de advertencia para otras ciudades y estados de Norteamérica que evalúen implementar sistemas similares.