El portal CAPE y el volumen de reembolsos pendientes

El lanzamiento del portal CAPE por parte de la Aduana estadounidense aportó certidumbre administrativa a un activo que Wall Street ya había comenzado a valorar. Hasta el 9 de abril, 56.497 importadores se habían registrado para solicitar reembolsos electrónicos por un total de 127.000 millones de dólares, de los aproximadamente 166.000 millones que el gobierno estima que se devolverán tras la sentencia del Tribunal Supremo en febrero de 2025. La Aduana asegura que los reclamos válidos se pagarán en un plazo de 60 a 90 días.

Las operaciones de Cantor Fitzgerald con derechos de reembolso

En julio de 2025, la revista WIRED publicó que un representante de Cantor Fitzgerald habría contactado con importadores para ofrecerles comprar derechos de reembolso arancelario por 20 a 30 céntimos por dólar. Según la información, la firma afirmaba tener capacidad para realizar operaciones por «varios cientos de millones» y ya habría ejecutado una transacción por unos 10 millones de dólares en derechos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La propuesta describía un esquema de arbitraje: comprar derechos de importadores que necesitaban liquidez inmediata y cobrarlos al valor nominal una vez que los tribunales declararan ilegales los aranceles. Sin embargo, Cantor Fitzgerald calificó el informe de «totalmente falso» y, en febrero de 2026, Semafor publicó que la firma había considerado el producto pero finalmente lo descartó. Un portavoz declaró que Cantor «nunca ha ejecutado transacciones ni asumido riesgos sobre la legalidad de los aranceles».

La revalorización de los derechos de reembolso

Los derechos de reembolso, que en 2025 se cotizaban entre 20 y 30 céntimos por dólar, alcanzaron un valor de 55 a 75 céntimos en abril de 2026, tras el lanzamiento del portal CAPE. Este aumento refleja la mayor confianza en la viabilidad de los reclamos tras la sentencia judicial.

El conflicto ético de Howard Lutnick

La posición de Howard Lutnick, exsecretario de Comercio y actual presidente de Cantor Fitzgerald, añadió controversia al asunto. Lutnick apoyó públicamente los aranceles de Trump y asesoró al expresidente para su implementación, mientras que su firma exploraba formas de beneficiarse si los tribunales invalidaban dichos aranceles. Además, Cantor Fitzgerald actúa como custodio de las reservas en bonos del Tesoro de Tether, una de las stablecoins más importantes del mercado cripto, vinculando así a Lutnick con uno de los mayores fondos de reserva del sector.

Para intentar separar su actividad política de sus intereses comerciales, Lutnick transfirió su participación en Cantor a fideicomisos controlados por su hijo, Brandon Lutnick, y renunció a cualquier beneficio económico derivado de sus acciones en Cantor, BGC y Newmark desde mayo de 2025. Según su acuerdo ético con la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), no recibirá ingresos asociados a su propiedad mientras la venta esté pendiente. Sin embargo, los demócratas del Congreso consideraron que esta medida no cumplía con los estándares exigidos.

Presión política y demandas de transparencia

En agosto de 2025, los senadores Ron Wyden y Elizabeth Warren exigieron a Cantor Fitzgerald que revelara cuántos acuerdos de reembolso arancelario se habían firmado o estaban en proceso, así como si la firma o sus filiales eran contrapartes en dichos acuerdos. En febrero de 2026, el representante Jamie Raskin se unió a estas demandas, intensificando la presión sobre la firma.

Conclusión: un debate en torno a la ética y los mercados

El caso de Cantor Fitzgerald y los derechos de reembolso arancelario plantea preguntas sobre los límites entre la actividad política, los intereses comerciales y la transparencia en los mercados financieros. Mientras los importadores esperan los reembolsos y los inversores valoran estos activos, el escrutinio sobre las operaciones de la firma y el papel de Lutnick sigue en aumento.