Congreso afronta su mayor escándalo por acoso sexual desde el movimiento #MeToo

El Congreso de Estados Unidos vive su mayor momento de rendición de cuentas por acoso sexual desde que el movimiento #MeToo sacudiera Capitol Hill en 2017 y 2018. Casi una década después de que los legisladores implementaran reformas contra el acoso sexual, nuevas acusaciones revelan una realidad enquistada: una cultura de impunidad en la que, según denunciantes, los poderosos siguen sin enfrentar consecuencias.

«Es una auténtica mierda», declaró un republicano de la Cámara de Representantes a Axios. «Hay tipos que se acuestan con sus empleados y no pasa nada. Todos lo saben».

Los casos que reavivan la polémica

La presión aumentó tras las dimisiones de dos diputados: los republicanos Tony Gonzales (Texas) y Eric Swalwell (California), acusados de conductas sexuales inapropiadas. Swalwell también enfrenta cargos por agresión sexual, aunque él niega las acusaciones. Gonzales admitió haber mantenido una relación con una colaboradora que luego se suicidó. Ambos evitaron una posible expulsión al renunciar, lo que dejó sin jurisdicción al Comité de Ética para investigarlos.

Por separado, Axios reveló esta semana que el diputado Chuck Edwards (Carolina del Norte) habría mostrado un trato «inapropiado» hacia dos jóvenes colaboradoras, según fuentes internas. La republicana Anna Paulina Luna (Florida) exigió en Politico que «cualquier miembro del Congreso que mantenga una relación inadecuada con su personal debe ser expulsado».

Edwards tachó las acusaciones de «mierda» en una entrevista con The Assembly, aunque no desmintió específicamente los hechos reportados por Axios.

El papel de las mujeres republicanas

El debate sobre la rendición de cuentas ha cobrado fuerza gracias a un grupo de legisladoras republicanas que desafían abiertamente a sus compañeros. Luna, Nancy Mace (Carolina del Sur) y Lauren Boebert (Colorado) se han convertido en las voces más críticas, exigiendo transparencia y consecuencias para los acusados.

Mace ha liderado iniciativas para expulsar al diputado Cory Mills (Florida), acusado de irregularidades financieras, violaciones de financiación electoral y conductas sexuales inapropiadas —todas negadas por Mills—. Este lunes, Mace publicó documentos que, según ella, demuestran que se destinaron más de 338.000 dólares en fondos públicos durante una década para resolver casos de acoso sexual contra ocho exlegisladores.

Fallas en el sistema de control

La frustración también crece hacia el Comité de Ética de la Cámara, criticado por su lentitud en investigar denuncias. Sus procesos pueden extenderse meses o incluso años antes de emitir informes o recomendaciones disciplinarias. El presidente del comité, Michael Guest (Misisipi), admitió a Axios que necesitan más recursos para agilizar las investigaciones.

El panel publicó un comunicado público inusual el mes pasado, revelando que ha investigado 20 casos de acoso sexual contra legisladores desde 2017, aunque solo nombró a los acusados en contadas ocasiones.