El Colegio Médico de Texas (TMB) ha impuesto sanciones a tres médicos cuyas pacientes embarazadas fallecieron tras recibir atención médica retrasada o inadecuada bajo la estricta ley de aborto del estado. Dos de los facultativos no actuaron con la urgencia necesaria ante complicaciones potencialmente mortales en una adolescente, mientras que el tercero omitió un procedimiento médico clave que derivó en una hemorragia mortal.
Las sanciones se producen tras una investigación de ProPublica, que documentó siete muertes maternas evitables en tres estados en los últimos años. Los hallazgos revelan cómo las restricciones al aborto han influido en la respuesta de médicos y hospitales ante complicaciones durante el embarazo. Ante el riesgo de penas de prisión y la pérdida de su licencia profesional, algunos facultativos han retrasado intervenciones médicas críticas hasta confirmar que el feto ya no tenía latido cardíaco o que el caso cumplía con una excepción legal muy limitada.
Algunos médicos y abogados han cuestionado por qué los colegios médicos, encargados de supervisar la práctica profesional y investigar negligencias, no han adoptado un papel más activo para orientar a los profesionales sobre cómo mantener los estándares médicos dentro del marco legal. En 2024, cuando ProPublica preguntó al presidente del TMB qué recursos tenían las pacientes en caso de que un médico negara un tratamiento necesario, la respuesta fue que el colegio no podía intervenir en cuestiones penales, pero que las pacientes podían presentar una queja y «votar con los pies» buscando atención en otro profesional.
Desde entonces, el TMB ha tomado medidas más contundentes que otros estados, como la publicación este año de guías con estudios de caso que explican cómo los médicos pueden realizar abortos legales en pacientes con complicaciones médicas específicas. La Legislatura estatal ordenó al colegio crear estos materiales formativos como parte de la Ley de Vida de la Madre, aprobada tras los reportajes de ProPublica y que introdujo ajustes menores a las restricciones de aborto en Texas para intentar prevenir más muertes maternas.
Mientras, en Georgia, donde Amber Thurman murió tras que los médicos no evacuaran su útero séptico durante 20 horas, no se ha revisado la ley ni se han sancionado a los profesionales clave involucrados.
Expertos en atención materna advierten que los proveedores de salud seguirán mostrando reticencia a ofrecer cuidados estándar mientras las leyes restrictivas conlleven consecuencias penales graves. En Texas, por ejemplo, un médico puede enfrentar hasta 99 años de prisión por violar la normativa. Sin embargo, quienes han hablado con ProPublica señalan que las sanciones de los colegios médicos son uno de los pocos mecanismos capaces de contrarrestar esta situación, presionando a hospitales y facultativos a brindar atención adecuada pese a la ambigüedad de las leyes.
Michelle Maloney, abogada que representa a las familias de las dos pacientes fallecidas en Texas en demandas por mala praxis, destacó la importancia de las recientes acciones del colegio médico: «A lo largo de mi carrera, he visto casos de muerte horrendos. Que un médico sea sancionado por el colegio, especialmente durante litigios en curso, es algo extraordinariamente raro», declaró.