El fraude de 'Antifa': cómo el Gobierno de EE.UU. inventa delitos para perseguir disidentes

Una protesta con petardos se convierte en un caso de 'terrorismo doméstico'

El pasado 4 de julio, once personas —entre ellas un profesor de secundaria y un empleado de UPS— realizaron una protesta frente al centro de detención de inmigración de Prairie­land, en Alvarado (Texas), a unos 50 kilómetros al sur de Fort Worth. Lo que comenzó como una manifestación de ruido, con grafitis en coches y petardos, derivó en un tiroteo cuando un agente policial, Thomas Gross, llegó al lugar y desenfundó su arma. Benjamin Song, uno de los manifestantes oculto en el bosque, le disparó sin causar heridas graves.

19 detenidos, pero solo 11 estaban en la protesta

Las autoridades arrestaron a 19 personas, aunque ocho no estaban presentes en el acto. Nueve de ellos fueron juzgados en febrero en un tribunal federal de Fort Worth bajo cargos como intento de asesinato de agentes policiales, apoyo material a terroristas y uso de explosivos. Dos más fueron acusados de ocultar documentos y conspiración.

Entre los condenados figura Song, declarado culpable de intento de asesinato. Sin embargo, el caso más llamativo es el de Daniel Sanchez Estrada, un residente con tarjeta verde que ni siquiera estaba en la protesta. Las autoridades lo acusaron de transportar una caja con 'materiales de Antifa', cuando en realidad solo trasladó una caja de fanzines anarquistas sin relación con el movimiento. Podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

El Gobierno inventa el 'terrorismo doméstico' para criminalizar la disidencia

Lo más grave de este caso no es la falta de pruebas, sino la estrategia del Gobierno de Donald Trump: crear un delito inexistente en la ley estadounidense —el 'terrorismo doméstico'— para perseguir a grupos como Antifa, etiquetados como enemigos públicos número uno.

Aunque Antifa no es una organización estructurada, sino un movimiento descentralizado de acción antifascista, el Ejecutivo lo ha convertido en un chivo expiatorio. La fiscalía no presentó ninguna evidencia que vinculara a los detenidos con Antifa o con actos terroristas. Aun así, el Gobierno persigue no solo a los manifestantes, sino también a cualquier persona o recurso que pueda apoyar la disidencia.

Falta de pruebas y vulneración de derechos

El proceso judicial ha sido criticado por ignorar el debido proceso y recurrir a procedimientos irregulares. La ausencia de una definición legal de 'terrorismo doméstico' en EE.UU. no ha frenado al Gobierno, que utiliza esta etiqueta para criminalizar la protesta social y justificar una represión sin precedentes.

«El Gobierno de Trump está inventando categorías delictivas para silenciar la disidencia. No hay pruebas, no hay ley, solo el deseo de perseguir a quienes piensan diferente».

¿Qué es Antifa y por qué el Gobierno la persigue?

Antifa —contracción de 'antifascista'— es un movimiento sin líderes ni estructura jerárquica que se opone a grupos de extrema derecha mediante acciones directas. Aunque sus métodos pueden ser controvertidos, no está considerado una organización terrorista por el FBI ni por ningún tribunal federal.

Sin embargo, el Gobierno de Trump lo ha convertido en un símbolo del mal, equiparándolo a grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico. Esta retórica ha servido para justificar redadas masivas, detenciones arbitrarias y cargos exagerados contra activistas, incluso cuando no hay pruebas de su participación en actos violentos.

El precedente peligroso de este caso

Si el Gobierno logra condenar a estos manifestantes bajo cargos de 'terrorismo doméstico', sentará un precedente alarmante para la libertad de expresión y el derecho a la protesta en EE.UU. La falta de transparencia y el uso de pruebas débiles podrían normalizar la criminalización de la disidencia política en el país.

Organizaciones de derechos humanos ya han advertido sobre los riesgos de esta estrategia, que erosiona el Estado de derecho y abre la puerta a abusos por parte de las autoridades. Mientras tanto, los detenidos enfrentan penas desproporcionadas por delitos que, en muchos casos, ni siquiera existen.