El Tribunal Supremo de EE.UU. elimina la protección clave contra la discriminación electoral con su última decisión sobre el mapa de distritos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, dominado por una mayoría de jueces designados por presidentes republicanos, ha dado un paso más en su estrategia de desmantelar la Ley de Derechos Electorales de 1965. En una decisión dividida por 6 votos contra 3, el alto tribunal ha reinterpretado la Sección 2 de esta ley histórica, eliminando su capacidad para proteger a las minorías de la manipulación de los distritos electorales.

La sentencia, redactada por el magistrado Samuel Alito, se presenta como un mero «ajuste» para alinearse con el «texto literal» de la ley y la Decimoquinta Enmienda, que prohíbe la discriminación racial en el voto. Sin embargo, los críticos señalan que se trata de una contrarrevolución jurídica que devuelve al país a una época en la que millones de votantes afroamericanos e hispanos veían diluido su poder político mediante gerrymandering.

Durante décadas, la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales garantizó que las minorías tuvieran igualdad de oportunidades para elegir a sus representantes. Este mecanismo permitió avances históricos, como la elección de legisladores negros en estados del sur, donde antes el voto minoritario era sistemáticamente marginado. Ahora, el Tribunal Supremo ha despojado a esta sección de su eficacia, dejando a las comunidades de color en una posición de vulnerabilidad.

La disidencia de Kagan: un aviso sobre el retroceso histórico

En su enérgica disidencia, la magistrada Elena Kagan, respaldada por sus colegas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, advirtió que la decisión en el caso Louisiana v. Callais «podría destruir la mayoría de los distritos con mayoría de minorías que la Ley de Derechos Electorales ha creado en los últimos 40 años».

«Esta sentencia sienta las bases para la mayor reducción de la representación minoritaria desde la era de la Reconstrucción. Bajo la excusa de ‘actualizar’ y ‘reajustar’ esta ley fundamental, la mayoría judicial convierte la Sección 2 en un documento vacío y amenaza medio siglo de avances en igualdad electoral».

Kagan acusó al tribunal de minimizar la gravedad de su decisión, que, en su opinión, representa un retroceso sin precedentes en la lucha por los derechos civiles.

El Tribunal Roberts: una década de erosión de los derechos electorales

Esta no es la primera vez que el Tribunal Supremo, presidido por John Roberts, debilita la Ley de Derechos Electorales. En 2013, el alto tribunal anuló la disposición que exigía a los estados con historial de discriminación obtener preaprobación federal para modificar sus mapas electorales o cambiar las normas de votación. Desde entonces, el tribunal ha dificultado cada vez más las demandas contra leyes electorales discriminatorias y ha legitimado el gerrymandering partidista.

La decisión en el caso Callais consolida esta tendencia al unir dos líneas de jurisprudencia: por un lado, la destrucción de la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, y por otro, la apertura de la puerta al gerrymandering partidista sin restricciones. El resultado es un escenario en el que los partidos políticos pueden manipular los distritos electorales para consolidar su poder, incluso si eso implica marginar a las minorías.

Los expertos advierten que esta sentencia podría tener consecuencias devastadoras en estados como Texas, Georgia o Florida, donde el gerrymandering ha sido históricamente una herramienta para diluir el voto afroamericano e hispano. Con la Sección 2 debilitada, los grupos de defensa de los derechos civiles temen que las minorías pierdan su representación en los órganos legislativos, tanto a nivel estatal como federal.

¿Qué sigue para la Ley de Derechos Electorales?

Los defensores de los derechos electorales coinciden en que esta decisión marca un punto de no retorno. La Sección 2, tal como la conocíamos, ha dejado de ser un escudo efectivo contra la discriminación. Aunque el Congreso podría intentar reformar la ley, la composición actual del Tribunal Supremo hace improbable que una nueva legislación sobreviva a un escrutinio judicial hostil.

Mientras tanto, organizaciones como la NAACP y Democracy Forward han anunciado que explorarán vías legales alternativas para proteger los derechos de voto de las minorías. Sin embargo, la batalla parece cada vez más cuesta arriba en un sistema judicial donde la mayoría conservadora prioriza los intereses partidistas sobre la igualdad racial.