El gobierno federal está a punto de anunciar una serie de modificaciones en el controvertido proceso de arbitraje de la Ley de Facturas Sorpresa (No Surprises Act). Mientras proveedores sanitarios y aseguradoras compiten por influir en las nuevas normas antes de su publicación, los proveedores están logrando un mayor acceso a los reguladores.
Las cuatro agencias responsables de elaborar la regla final sobre el Proceso de Resolución de Disputas Independientes han mantenido ya 20 reuniones con grupos del sector en lo que va de año, la mayoría de forma virtual. De estas, solo cuatro fueron con aseguradoras o sus asociaciones, mientras que trece se celebraron con proveedores o sus representantes, y otras tres con otros actores del sector.
Los grupos de interés pueden solicitar reuniones con los funcionarios para exponer sus prioridades y presentar documentación relevante.
La regla final llega tras un largo proceso. En noviembre de 2023, los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Trabajo, Tesoro y la Oficina de Gestión de Personal publicaron una versión inicial de la norma. Entre las propuestas destacan ajustes en la agrupación de reclamaciones, mayor transparencia en las negociaciones previas al arbitraje y cambios en las tarifas aplicables.