La familia de J.T. Davis, exjugador de fútbol americano universitario de la Universidad Metodista del Sur (SMU) en los años 50, ha obtenido una victoria judicial histórica contra la NCAA. Un jurado ha condenado a la organización a pagar una indemnización de 140 millones de dólares por su negligencia en la protección de los deportistas frente a los traumatismos craneoencefálicos.

Davis falleció en 2021 tras una larga lucha contra el Alzheimer, enfermedad diagnosticada en 2001. En 2017, tras su muerte, se le diagnosticó encefalopatía traumática crónica (CTE) en fase 4, una condición neurodegenerativa directamente relacionada con los repetidos golpes en la cabeza sufridos durante su etapa como deportista.

En 2020, su familia interpuso una demanda civil contra la NCAA, alegando que la organización conocía desde 1933 los riesgos asociados a los traumatismos craneales y, sin embargo, no tomó las medidas adecuadas para proteger a los jugadores. Según la denuncia, el manual médico de la NCAA de aquella época recomendaba reposo y supervisión constante para los jugadores con conmociones, prohibiendo su participación en entrenamientos o partidos hasta estar completamente asintomáticos durante al menos 48 horas. Para síntomas persistentes más allá de ese plazo, la guía indicaba que los deportistas no debían competir durante 21 días o más, o en algunos casos, nunca más.

El documento también advertía sobre el síndrome del boxeador o "punch drunk", un término utilizado para describir los efectos de los golpes repetidos en la cabeza, señalando que cualquier individuo que sufriera conmociones frecuentes debería ser prohibido de practicar deportes de contacto.

La NCAA, en su defensa, argumentó que no existe evidencia suficiente que demuestre que la CTE derive de golpes repetidos en la cabeza, negando además que esta enfermedad cause síntomas reales. Incluso llegó a calificar la CTE como una enfermedad "hipotética".

El fallo del jurado, que incluye 30 millones en daños compensatorios y 110 millones en daños punitivos, refleja la gravedad de la negligencia atribuida a la organización. Los expertos señalan que este tipo de veredictos suelen ser recurridos por las partes condenadas, y la NCAA ya ha anunciado su intención de apelar la sentencia en múltiples instancias.

El caso de Davis se suma a una creciente lista de demandas contra entidades deportivas por no proteger adecuadamente a los atletas de los riesgos del deporte. A diferencia de la NFL, que en 2015 llegó a un acuerdo millonario con jugadores retirados para evitar un juicio similar, la NCAA optó por litigar, asumiendo el riesgo de una condena de esta magnitud.

"Cuando una parte demandada se niega a reconocer su responsabilidad y lucha contra todas las pruebas, el jurado suele reaccionar con dureza. La actitud de la NCAA en este caso ha contribuido a un veredicto contundente", declaró un analista legal.

El resultado de este juicio podría sentar un precedente para futuras demandas relacionadas con la CTE en el ámbito universitario, obligando a las federaciones a revisar sus protocolos de seguridad y a asumir mayores responsabilidades en la protección de los deportistas.