Texas destina más de 1.000 millones anuales en exenciones fiscales a centros de datos

Texas renunciará a 3.200 millones de dólares en ingresos por impuestos sobre ventas durante los próximos dos años debido a una exención fiscal que beneficia a la floreciente industria de centros de datos en el estado, según datos de la oficina del contralor estatal. Esta cifra, ya de por sí alarmante, podría ser solo una estimación conservadora ante el rápido aumento de nuevas instalaciones en construcción.

La exención, que se convertirá en uno de los programas de incentivos más costosos del país, está generando preocupación entre los legisladores. Estos se reunirán en enero para la próxima sesión legislativa y ya estudian propuestas para reducir su alcance o eliminarla por completo.

«Estas cifras son extremadamente preocupantes y, debo decir, insostenibles», declaró la senadora estatal Joan Huffman, presidenta de la Comisión de Finanzas del Senado, en una entrevista con The Texas Tribune. «Planeo presentar legislación para derogar esta exención o, al menos, someterla a un análisis exhaustivo».

Un beneficio que se ha disparado en una década

La exención fiscal fue aprobada hace más de diez años, cuando los centros de datos eran instalaciones más pequeñas y con menores requerimientos energéticos. Entre 2014 y 2022, el coste para el estado osciló entre 5 y 30 millones de dólares anuales. Sin embargo, en 2023, la cifra se disparó a más de 150 millones, y en 2024, Texas dejará de recaudar al menos 1.300 millones —una cantidad que, según las proyecciones estatales, sigue creciendo cada año.

Este gasto fiscal ya supera con creces el coste del polémico programa Chapter 313, que permitía a empresas manufactureras evitar el pago de impuestos locales sobre propiedades escolares. El programa, que llegó a costar más de 1.000 millones anuales, fue finalmente clausurado el año pasado tras fuertes críticas.

El auge de la inteligencia artificial impulsa la demanda

El crecimiento descontrolado de los centros de datos en Texas es un fenómeno reciente. Hace solo tres años, la oficina del contralor estimaba que el coste de la exención rondaría los 180 millones de dólares en el presupuesto bianual 2027-2028. Sin embargo, en 2025, la proyección se revisó al alza, superando los 3.000 millones —un reflejo del boom de la inteligencia artificial, que desde 2023 exige enormes cantidades de capacidad computacional.

Actualmente, Texas alberga más de 300 centros de datos en funcionamiento, con más de 100 proyectos adicionales en fase de planificación o desarrollo. Según un análisis de la firma Aterio, al menos 142 nuevos centros están en construcción, superando a Virginia, que tiene 141 en la misma fase. Para el año fiscal 2030, la oficina del contralor prevé que el valor anual de la exención alcance casi 1.800 millones de dólares, un aumento de 500 millones respecto a 2024.

¿Qué alternativas plantea la pérdida de ingresos?

Los fondos que Texas dejará de recaudar podrían destinarse a otros fines prioritarios. Por ejemplo, cubrirían el coste total del nuevo programa de vales escolares del estado o duplicarían el fondo estatal para desastres naturales, como el que ayuda a comunidades como el condado de Kerr a prevenir inundaciones.

Ante este escenario, los legisladores se enfrentan a un dilema: ¿cómo equilibrar el crecimiento económico que generan los centros de datos con el impacto fiscal que suponen para las arcas públicas?