El expresidente Donald Trump ha vuelto a cuestionar la legalidad de la Resolución de Poderes Bélicos de 1973, una ley que exige al presidente retirar las tropas estadounidenses de un conflicto tras 60 días si el Congreso no declara la guerra o aprueba una prórroga. Durante una comparecencia ante la prensa frente a la Casa Blanca, Trump afirmó que buscar la aprobación del Congreso para operaciones militares es inconstitucional.
«No hay ningún otro país que lo haya hecho. La mayoría lo considera totalmente inconstitucional», declaró, añadiendo de forma falsa que «tenemos un alto el fuego, lo que nos da tiempo adicional». Trump también acusó a quienes exigen su cumplimiento de no ser «patriotas».
El tuit a continuación recoge sus declaraciones:
Trump claims it's unconstitutional to seek congressional authorization for war pic.twitter.com/W2rnTOXbDn
Sin embargo, la realidad jurídica es muy distinta. La Resolución de Poderes Bélicos es, en realidad, la única herramienta legal que podría avalar —aunque de manera cuestionable— las acciones militares de Trump. Según el Artículo I, Sección 8, Cláusula 11 de la Constitución de EE.UU., el Congreso tiene la potestad exclusiva de declarar la guerra. La ley de 1973 establece una excepción: un plazo de 60 días para que el presidente actúe sin autorización expresa. Si esta resolución fuera declarada nula, cualquier campaña militar como la de Trump en Irán carecería de base legal, incluso según el derecho internacional.
Paradójicamente, Trump ha intentado eludir el límite de 60 días argumentando que el reloj se detuvo con el alto el fuego anunciado a mediados de abril. No obstante, Estados Unidos ya está presionando los límites de este frágil acuerdo: ha impuesto un bloqueo militar a puertos iraníes —considerado un acto de guerra según el derecho internacional— y ha incautado un carguero iraní. Mientras, Israel, aliado clave en esta operación, continúa sus intensos bombardeos en Líbano, violando el acuerdo de cese al fuego.
La situación refleja la estrategia de Trump de ignorar los controles constitucionales mientras mantiene una postura belicista que choca con el marco legal estadounidense e internacional.