Derrota en el Tribunal de Comercio Internacional

El expresidente Donald Trump ha sufrido un revés legal tras otro en menos de 24 horas. En primer lugar, el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. dictaminó, por 2 votos contra 1, que el arancel global del 10% impuesto por Trump es ilegal.

La decisión se basa en que el presidente tergiversó la Sección 122 de la Ley de Comercio al equiparar el concepto de "déficit de balanza de pagos" con el de "déficit comercial". El tribunal aclaró que ambos términos no son equivalentes y que el Congreso ya definió en 1974 qué se considera un déficit de balanza de pagos.

«Es evidente que el Congreso era consciente de las diferencias entre los términos que empleó. La argumentación del Gobierno de que, en la actualidad, la cuenta corriente es el componente adecuado para identificar un déficit de balanza de pagos no tiene base legal», señala la opinión mayoritaria.

El arancel, anunciado en febrero tras el rechazo del Tribunal Supremo a su propuesta de "Día de Liberación", estaba previsto que expirara a finales de julio. Sin embargo, la sentencia lo deja en una situación jurídica incierta.

Cancelación de subvenciones por motivos ideológicos: otra ilegalidad

La segunda derrota llegó de la mano de un juez federal que declaró ilegal la decisión del Departamento de Educación (DOGE) de cancelar subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro por motivos ideológicos.

El juez Colleen McMahon, del Tribunal de Distrito de EE.UU., sentenció que la administración Trump utilizó criterios como la raza, el género, la orientación sexual o la religión para retirar financiación a proyectos educativos y culturales.

«Tratar la historia de los derechos civiles afroamericanos, el testimonio judío sobre el Holocausto, la experiencia de los asiático-americanos, el trato a los niños de tribus nativas o simplemente mencionar a una mujer como indicador de falta de mérito o despilfarro no es legal», escribió el juez McMahon.

Esta decisión beneficia a numerosas organizaciones sin ánimo de lucro que habían perdido financiación o estaban en riesgo de perderla debido a las políticas del DOGE.

¿Qué sigue ahora?

Hasta el momento, Trump no ha reaccionado públicamente a estas dos sentencias. Queda por ver si su equipo legal presentará recursos o si el Gobierno buscará nuevas vías para aplicar estas medidas.