Cada primavera, el pueblo miccosukee de Florida celebra su ceremonia de la danza del maíz en tierras que consideran sagradas dentro de los Everglades, un ecosistema frágil y vital para el suministro de agua de millones de personas en el estado. Sin embargo, este año, la festividad adquiere un tono distinto debido a la presencia del centro de detención Alligator Alcatraz, una instalación que alberga a miles de migrantes indocumentados desde su apertura el pasado verano como parte de la política migratoria del gobierno de Trump.

El principal problema, según Curtis Osceola, director de operaciones de la tribu, es la contaminación lumínica que emana del centro. Esta luz artificial interfiere con un aspecto fundamental de su religión: la observación de las estrellas, esencial para sus rituales. «Es difícil de explicar y no todos lo entenderán», declaró Osceola. «Imaginen que alguien fuera a un lugar sagrado, como una iglesia, y decidiera arrasar ese terreno para construir una prisión o un centro de detención. La gente se indignaría. Para nosotros, este es un lugar de culto, un espacio sagrado. No parece justo».

La tribu, junto con grupos ecologistas, mantiene una batalla legal contra Alligator Alcatraz. La semana pasada, el 11º Tribunal de Apelaciones de EE.UU. anuló una medida cautelar emitida por la jueza del Distrito Kathleen Williams, quien en agosto ordenó el cierre progresivo de la instalación. El caso regresa ahora a Williams, quien deberá decidir los próximos pasos. La sentencia permite que el centro siga operando mientras avanza el litigio.

Los demandantes, entre los que se encuentra el pueblo miccosukee, acusan a los gobiernos federal y estatal de haber incumplido la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) al no realizar una evaluación de impacto ambiental antes de construir la instalación. Las agencias gubernamentales argumentan, en cambio, que el centro es de gestión estatal y que, por tanto, no requiere una revisión federal. Además, aseguran que su impacto ambiental es mínimo.

Los Everglades, que abarcan el centro y sur de Florida, son fundamentales para el suministro de agua potable de millones de personas. Un ambicioso proyecto de restauración, valorado en 27.000 millones de dólares, es uno de los esfuerzos de este tipo más importantes del mundo. Sin embargo, los jueces William Pryor y Andrew Brasher, que respaldaron la decisión del tribunal, consideraron que los demandantes no lograron demostrar que el gobierno federal controlara directamente el centro. También señalaron que la medida cautelar de Williams violaba, en parte, una prohibición legal de bloquear la aplicación de políticas migratorias federales.

Los magistrados compararon la situación con la de un propietario de un edificio que, al cumplir con los estándares federales de inmigración, no convierte automáticamente su propiedad en un centro federal. «El hecho de que los operadores del centro en Florida sigan los estándares federales de inmigración no transforma la instalación en un centro federal», afirmaron en su fallo.