Más de 400.000 arizonenses han perdido sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como cupones de alimentos, desde julio de 2024. Se trata de la mayor reducción en todo el país, según datos del Departamento de Seguridad Económica de Arizona, que gestiona el programa. La cifra representa casi el 47% de los participantes en el estado e incluye alrededor de 180.000 menores.

El descenso supera con creces el registrado en otros estados. Tras Arizona, Florida ocupa el segundo lugar, con menos del 16% de sus beneficiarios afectados en el mismo período, según un análisis del Center on Budget and Policy Priorities, un organismo no partidista.

Las autoridades arizonenses atribuyen la caída a la aplicación acelerada de cambios normativos impulsados por la Ley One Big Beautiful Bill, firmada durante la presidencia de Donald Trump. Entre las modificaciones destacan nuevos requisitos laborales y la eliminación de exenciones para colectivos vulnerables, como personas sin hogar o jóvenes que salen del sistema de acogida.

Sin embargo, las entrevistas realizadas revelan que la combinación de estos cambios con los recortes presupuestarios en la agencia que gestiona el SNAP ha dificultado el acceso a las ayudas. Muchos solicitantes elegibles han sido denegados o enfrentan obstáculos burocráticos para renovar sus beneficios. «Arizona es solo la campana de alarma», advirtió Joseph Palomino, director ejecutivo del Arizona Center for Economic Progress, una organización no partidista de defensa de los derechos económicos. «Esto probablemente ocurrirá en todos los estados».

La ley traslada una mayor parte de los costes del programa a los estados y exige reducir las tasas de error en los pagos —que miden la precisión en la determinación de la elegibilidad— o enfrentar sanciones millonarias. Aunque algunas medidas no entrarán en vigor hasta el otoño, expertos señalan que Arizona ya está experimentando las consecuencias: familias que pasan hambre.

Charisma Garcia, una madre de 25 años con dos hijos de 3 y 6 años, lleva meses intentando completar su solicitud de SNAP. Tras semanas llamando a la agencia y recibir solo mensajes grabados, madrugó recientemente para hacer cola en una oficina del Departamento de Seguridad Económica en el sur de Phoenix. Un guardia de seguridad le comunicó que no se realizaban entrevistas presenciales, por lo que terminó acudiendo a un banco de alimentos. «Necesito hacer lo que sea para conseguir comida para mis hijos», declaró.

Brett Bezio, portavoz del DES, aseguró que la prioridad es reducir la tasa de error del estado —actualmente del 8,8%, por debajo de la media nacional— para cumplir con el nuevo umbral federal del 6%. De no lograrlo, Arizona podría enfrentarse a sanciones de hasta 195,4 millones de dólares en dos años, una cifra que duplica su presupuesto actual para el programa.

Fuente: ProPublica