El movimiento conservador judicial endurece sus criterios: ¿quién merece ser juez del Supremo?

Desde que el Tribunal Supremo tumbó los aranceles impuestos por Donald Trump mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump, el expresidente no ha dejado de criticar a los magistrados que, según él, «sabían perfectamente» su postura y, aún así, votaron en su contra. Trump ha llegado a insinuar que podría nombrar hasta tres nuevos jueces para el Supremo, una declaración que ha reavivado el debate sobre el futuro de la Corte.

Aunque magistrados como Samuel Alito y Clarence Thomas han descartado retirarse —aunque las especulaciones sobre un posible libro de Alito este año ponen en duda su decisión—, la presión por consolidar una mayoría judicial más radical sigue en aumento. El movimiento conservador, que logró una supermayoría de jueces afines durante el primer mandato de Trump, ahora exige perfiles aún más extremos. Figuras como Amy Coney Barrett, que votó para anular Roe v. Wade y limitar los derechos reproductivos, ya no son vistas como garantía suficiente.

Durante décadas, el lema conservador fue «no más Souter», en referencia al magistrado David Souter, nombrado por George H. W. Bush, que se desplazó hacia posturas más liberales con el tiempo. Ahora, el discurso ha mutado: «No más Souter. No más Roberts. No más Barrett». Incluso jueces nominados por Trump en tribunales inferiores, como el magistrado del Quinto Circuito Andrew Oldham, enfrentan críticas por no ser lo suficientemente combativos.

Oldham, favorito de la Federalist Society y conocido por sus posturas extremas contra los derechos de voto, el aborto y las políticas migratorias, ha visto cómo el Supremo revoca sus decisiones por considerar que van demasiado lejos. A pesar de su historial, algunos comentaristas conservadores lo han tachado de «mediocre con toga» y han puesto en duda su idoneidad para el alto tribunal. En su lugar, apuestan por figuras como el juez James Ho, del mismo circuito, cuya jurisprudencia y declaraciones públicas lo han convertido en un ícono del ala más beligerante del movimiento.

Ho no solo ha escrito opiniones judiciales controvertidas —como advertir sobre una «Constitución woke» o argumentar que los médicos antiabortistas pueden demandar por el «daño estético del aborto»—, sino que defiende abiertamente una agenda política y cultural que busca «clavársela a los progres», en sus propias palabras. Su estilo, más cercano al activismo que a la moderación judicial, refleja el nuevo estándar que exige el sector más radicalizado del conservadurismo.

Este giro en los criterios de selección judicial subraya un cambio profundo: ya no basta con ser conservador. Ahora, los aspirantes deben demostrar un compromiso inquebrantable con la agenda más extrema, incluso si eso implica desafiar precedentes o adoptar retóricas polarizantes. La pregunta que se cierne sobre el futuro del Tribunal Supremo es clara: ¿hasta dónde llegará esta purga ideológica?