Funcionarios de Trump socavan la confianza en las vacunas con datos sin fundamento

En noviembre de 2023, Vinay Prasad, entonces director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA (agencia estadounidense del medicamento), envió un correo interno en el que afirmaba, sin aportar ninguna prueba, que «al menos 10 niños habían fallecido tras recibir la vacuna contra el COVID-19». Desde entonces, no se ha presentado evidencia alguna que respalde su declaración. Prasad abandonó la agencia a finales de abril, y su salida fue recibida con alivio por muchos expertos.

Mientras tanto, otros altos cargos de la administración Trump han intensificado sus esfuerzos por minar la confianza de los ciudadanos en la seguridad de las vacunas, pese a que estas ya han sido evaluadas y aprobadas por organismos reguladores. Jay Bhattacharya, director del Instituto Nacional de Salud (NIH) y director en funciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ha sido uno de los más activos en esta estrategia.

En abril, Bhattacharya retrasó y finalmente bloqueó la publicación de un estudio en el Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) de los CDC, que evaluaba la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 para la temporada 2025-2026. Los resultados del estudio, realizados con datos reales, demostraban que la vacuna ofrecía una protección del 50% contra visitas a urgencias y del 55% contra hospitalizaciones en adultos mayores de 18 años, en comparación con quienes no se vacunaron.

En un artículo de opinión publicado en The Washington Post, Bhattacharya justificó su decisión alegando un «desacuerdo científico» sobre la metodología empleada por los investigadores. En concreto, cuestionó el uso del diseño de prueba negativa, un método ampliamente aceptado y utilizado en todo el mundo —incluidos países como Reino Unido, Australia, Canadá y varios europeos— para evaluar la eficacia de las vacunas contra virus respiratorios.

¿Cómo funciona el diseño de prueba negativa?

Este enfoque compara a personas enfermas que acuden a centros médicos y dan positivo en COVID-19 con otras que, presentando síntomas similares, dan negativo. Al analizar cuántas de ellas estaban vacunadas, los investigadores pueden determinar si la vacuna reduce el riesgo de infección. En el estudio bloqueado, se concluyó que las vacunas ofrecían una protección del 50% contra urgencias y del 55% contra hospitalizaciones.

Los autores del estudio también reconocieron, de manera transparente, algunas de las limitaciones señaladas por Bhattacharya. Además, cabe destacar que los artículos publicados en el MMWR de los CDC no son revisados por pares externos, aunque estudios revisados por pares sobre la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 han arrojado resultados similares a los publicados en esta revista.

Más allá de la supresión de datos: bloqueo de nuevas investigaciones

Los esfuerzos por desprestigiar las vacunas no se limitan a ocultar información. Según The New York Times, la FDA ha impedido la publicación en revistas científicas de varios estudios respaldados por la agencia que evaluaban la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 y el herpes zóster. Esta estrategia genera preocupación en la comunidad científica y en la población, que ve cómo se socava la confianza en herramientas médicas fundamentales para la salud pública.