Shamar Elkins, un hombre de 31 años, cometió el pasado domingo la que ya se considera la masacre más sangrienta en Estados Unidos en los últimos dos años. Armado con un arma de fuego, disparó y mató a siete de sus hijos —cuyas edades oscilaban entre los tres y los once años— y a su sobrino en Shreveport, Luisiana. Además, hirió de gravedad a su esposa y a la madre del octavo niño, según informó CNN.

Lo más alarmante es que Elkins ya tenía antecedentes por delitos con armas. En marzo de 2019, tres años después de cumplir una condena de siete años en la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana, fue detenido por disparar un arma de 9 milímetros a unos 90 metros de una escuela donde jugaban niños, según KTBS. Las acusaciones incluyeron porte ilegal de armas y tenencia de un arma en propiedad escolar. Aunque se declaró culpable del cargo de porte ilegal de armas, el segundo cargo, más grave, fue desestimado.

Elkins evitó una condena por delito grave y, en su lugar, recibió una libertad condicional de 18 meses. Sin embargo, este castigo no incluyó una prohibición permanente de posesión de armas de fuego. Además, en 2016 había sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol, según CNN.

Las leyes de Luisiana establecen una prohibición de 10 años para la posesión de armas tras ciertos delitos graves, como crímenes violentos, delitos sexuales, tráfico de drogas o robos. Sin embargo, no todos los delitos graves están incluidos en esta lista. La condena de Elkins en 2019 por porte ilegal de armas no superó el umbral legal para una prohibición federal permanente, según International Business Times. Una vez finalizada su libertad condicional, pudo volver a comprar y poseer armas legalmente.

Este caso pone de manifiesto las lagunas en el sistema de control de armas en Luisiana y en otros estados de EE.UU., donde la posesión de armas por parte de personas con antecedentes violentos sigue siendo posible bajo ciertas circunstancias.