El ACLU defiende ahora el derecho a armas: un giro histórico en su postura

En agosto de 2017, durante la manifestación supremacista Unite the Right en Charlottesville, una persona murió al enfrentarse a los manifestantes. Este trágico suceso generó un intenso debate interno en el American Civil Liberties Union (ACLU), especialmente en su filial de Virginia. Muchos miembros, incluido Waldo Jaquith, criticaron al capítulo local por defender los derechos de libertad de expresión de los organizadores neonazis.

Jaquith llegó incluso a dimitir de la junta directiva de la ACLU de Virginia. En una entrevista con Slate, declaró que la organización «elige» qué casos asumir. «No verás al ACLU defendiendo casos relacionados con el Segundo Mandamiento, ya que es una parte de la Carta de Derechos que prefiere no abordar», afirmó. En ese momento, parecía una postura consolidada: el ACLU había mantenido durante décadas que el Segundo Mandamiento no garantizaba un derecho individual a poseer armas.

Sin embargo, en menos de ocho años, la organización dio un giro radical. En 2024, el ACLU presentó un amparo ante el Tribunal Supremo de EE.UU. para defender el derecho de Ali Hemani, un texano que consume cannabis y poseía un arma de fuego. Hemani reconoció ser consumidor habitual de marihuana y tener una pistola en su poder. Según la ley federal 18 USC 922(g)(3), esto constituía un delito grave: poseer un arma siendo «usuario ilegal de sustancias controladas».

El escrito presentado por la ACLU ante el Supremo argumenta que «el Segundo Mandamiento impide al gobierno procesar a Hemani bajo esta ley». Brandon Buskey, director del Proyecto de Reforma Penal del ACLU y uno de los abogados en el caso, declaró: «Esta es la primera vez que intervenimos activamente en un caso para defender un derecho amparado por el Segundo Mandamiento. Ahora que el Tribunal Supremo ha reconocido este derecho como fundamental, lo consideramos una cuestión clave de libertades civiles».

La postura del ACLU en el caso Estados Unidos vs. Hemani le sitúa del mismo lado que la Asociación Nacional del Rifle (NRA). Aunque no es la primera vez que ambas organizaciones colaboran —en 2024 defendieron juntas los derechos de libertad de expresión de la NRA en el caso National Rifle Association vs. Vullo—, sí es la primera vez que unen fuerzas para defender el derecho a armas ante el Supremo.

Este cambio de rumbo contrasta con décadas de postura oficial del ACLU. Incluso después de la sentencia Distrito de Columbia vs. Heller (2008), en la que el Supremo reconoció que el Segundo Mandamiento limita la regulación gubernamental sobre armas, la organización mantuvo su posición. «Dado el texto sobre “una milicia bien regulada” y “la seguridad de un Estado libre”, el ACLU siempre ha sostenido que el Segundo Mandamiento protege un derecho colectivo, no individual», afirmaba en un comunicado publicado en su web hasta diciembre de 2023.

El giro del ACLU refleja la evolución de las interpretaciones judiciales y la adaptación de las organizaciones de derechos civiles a nuevos contextos sociales y legales. Aunque su cambio de postura sobre el derecho a armas ha sorprendido a muchos, la organización justifica su intervención como un paso necesario para proteger las libertades fundamentales en la era actual.