Legisladores de Puerto Rico exigen investigar presunto fraude electoral en prisiones

Puerto Rico exige aclarar interferencia política en prisiones

El representante de Puerto Rico en el Congreso, Pablo José Hernández Rivera, ha instado a una investigación federal tras la publicación de un informe de ProPublica que revela cómo una causa judicial por un supuesto esquema de drogas a cambio de votos en prisiones fue paralizada tras las elecciones de 2024.

Llamamiento a la Cámara de Representantes de EE.UU.

En una carta dirigida a miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU., Hernández Rivera solicitó apoyo para impulsar una investigación congressional sobre el caso. «El informe publicado hoy por ProPublica contiene hechos que ningún funcionario electo, ya sea en Puerto Rico o en Washington, puede ignorar», declaró en un comunicado.

Resolución en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico

El mismo día, el diputado Héctor Ferrer Santiago, del Partido Popular Democrático, presentó una resolución en la Cámara de Representantes de Puerto Rico para que su Comisión de Seguridad Pública investigue las acusaciones. Ferrer calificó los hechos como «graves» y afirmó que la Cámara tiene «el deber ineludible de actuar».

Detalles del esquema y su paralización

Según el informe de ProPublica, fiscales federales habían recopilado pruebas de un esquema de tráfico de drogas vinculado a la compra de votos en prisiones de Puerto Rico, dirigido por una peligrosa banda. Las pesquisas avanzaban para determinar si la actual gobernadora, Jenniffer González-Colón, o su campaña estaban involucradas.

Sin embargo, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2024, los fiscales recibieron órdenes de sus superiores en la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico para excluir las acusaciones relacionadas con el voto de reclusos y empleados penitenciarios. Posteriormente, se les ordenó abandonar por completo la investigación sobre posibles vínculos políticos, según cuatro fuentes con conocimiento del caso.

Declaraciones de la gobernadora

González-Colón, miembro del Partido Nuevo Progresista y defensora de la estadidad para Puerto Rico, ha negado repetidamente cualquier irregularidad. En un comunicado emitido el martes, afirmó que «ha luchado firmemente contra la corrupción» durante su carrera política y que «rechaza categóricamente» cualquier intento de vincularla con actividades ilegales.

«No he sido acusada de ningún delito», declaró a medios locales el miércoles. «No creo que sea necesario investigar esto. No hay nada aquí. Si tienen información de los últimos cuatro años, que la presenten y la lleven a buen término. Pero yo no tengo absolutamente nada que ver con lo que se señala, y mucho menos mi campaña».

Reacciones políticas y demandas de transparencia

El Partido Independentista Puertorriqueño también ha exigido una investigación. La senadora María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del partido, advirtió en redes sociales sobre las «graves implicaciones» de una posible intervención partidista en los espacios carcelarios.

Por su parte, Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado de Puerto Rico y miembro del mismo partido que González-Colón, inicialmente respaldó a la gobernadora, aunque fuentes locales indican que su postura podría evolucionar tras nuevas revelaciones.

Contexto y consecuencias

El caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la influencia política en investigaciones federales. Organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa también han pedido mayor transparencia en el proceso.

«Los hechos expuestos en el informe de ProPublica plantean serias preguntas sobre el uso de prisiones como herramientas políticas y la posible obstrucción de la justicia».

Mientras tanto, la Fiscalía Federal no ha emitido comentarios públicos sobre el caso. La gobernadora González-Colón mantiene su postura de inocencia, pero la presión política y social para esclarecer los hechos sigue en aumento.